ProÁrbol, cuyo objetivo central es contrarrestar la deforestacion en México —quinto país con mayor devastación del mundo—, es víctima de la corrupción. Lamentablemente, como la mayoría de las políticas sociales gubernamentales, la ausencia de una verdadera rendición de cuentas ha dejado “perdidos” millones de pesos destinados a la siembra de árboles en 2007 y 2008. Este es sólo un ejemplo del diseño institucional en el que opera toda la administración pública.En teoría, ProÁrbol brinda apoyos a los 101 municipios con mayor índice de marginación en México para impulsar el desarrollo forestal del país. Dice la página de internet del programa que éste “garantiza la eficacia, transparencia y equidad en la entrega y ejercicio de los recursos forestales, ya que los 45 conceptos de apoyo que abarca están sujetos a reglas de operación”. Hoy comprobamos que tales normas son de papel. Para muestra un botón. El ejido Doctor Domingo Chanona, en Chiapas, debió haber recibido para estas fechas alrededor de 57 mil pesos para reforestar cerca de 75 hectáreas. Sin embargo, José Alfredo Jiménez Palacios, tesorero del nuevo comisariado, niega haber recibido a la fecha un solo centavo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Contrario a lo que prevén las reglas de operación de ProÁrbol —que instruye a esta comisión para que adelante 70% de la inversión para reforestar—, Jiménez Palacios afirma: “Nada, eso se da cuando ya están todos los arbolitos”. Por el contrario, la Conafor dice que desde agosto pasado se liberaron esos mismos recursos. En resumen, ni dinero ni trabajo ni árboles. Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconoció públicamente hace un año que de los 250 millones de árboles plantados en 2007 sólo sobreviviría 10%; hoy señala que el éxito es de 58%. El problema es que no hay mecanismos de verificación para saber cómo se han invertido los fondos ni tampoco si los resultados corresponden al gasto. Tan sólo en Chiapas —donde la Conafor otorgó, en 2005, 45 millones 236 mil 295 pesos a más de mil proyectos de conservación y restauración— no es posible comprobar el destino de 40% de los recursos asignados. Más grave incluso sería confirmar que la aparente ineptitud es, en realidad, una estrategia deliberada para sacar provecho electoral de los apoyos entregados a través de ProÁrbol. Cabe investigarlo, dada la facilidad con la que pueden burlarse los controles presupuestales. Esta es la expresión de un problema estructural más profundo. La ausencia de un diseño institucional que garantice una vigilancia y fiscalización de las políticas públicas en todo el país ha provocado desde la impunidad de los partidos políticos —por las limitaciones del IFE y la negligencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)— hasta actos de desviación de fondos públicos y corrupción, debido a la carencia de un sistema efectivo de cuentas nacionales. No hay un seguimiento real de los recursos públicos entre las instituciones que conforman el Estado. México carece de un sistema de rendición de cuentas aplicable desde la Federación hasta los municipios para garantizar, primero, la eficacia en la inversión, y segundo —a reforzar durante los tiempos electorales—, la neutralidad de los programas sociales, como sucede en naciones más avanzadas. Aceptémoslo: el atraso no es inherente al nivel de desarrollo del país, sino a la prevalencia de políticos mañosos. |
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