No es la primera vez que la Sagarpa se desentiende de un asunto que le atañe. Quizá el problema es de origen: durante la presentación de su gabinete el presidente Felipe Calderón anunció la designación de Alberto Cárdenas como secretario de Agricultura en el rubro del gabinete social y no en el económico.

Lo anterior se reflejó en la primer crisis que no atendió la Sagarpa: el encarecimiento del maíz y la tortilla que llegó a cotizarse en las calles del país hasta en 12 pesos por kilo. Finalmente tuvo que ser el propio presidente Calderón quien anunciara un pacto de estabilización del precio en 8.50 pesos por kilo, lo cual significó un acuerdo entre importadores, productores de harina y masa, intermediarios y vendedores. Tras el anuncio fue Eduardo Sojo, entonces secretario de Economía, quien dio seguimiento al pacto y anunció castigos —que nunca se dieron a conocer— a especuladores. En todo ese proceso tampoco vimos al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Un año después, a inicios de 2008, se desató un encarecimiento general de productos básicos como la leche, el maíz y el pan. Nuevamente el Presidente salió al quite con un acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para “congelar” los precios de algunos productos. Finalmente el pacto no se cumplió y las alzas en productos continuaron; sin embargo, cuando menos se ofreció una solución que una vez más no involucró acción —cuando menos difundida— por parte la Sagarpa.

En reacción a fenómenos mundiales como el precio del petróleo o el empleo de biocombustibles no hay mucho qué hacer a nivel gubernamental. La subvención nunca es una buena opción a largo plazo porque recarga el peso sobre los ya muy cansados hombros de la clase media contribuyente, y es ilógica cuando, por ejemplo, tenemos una Compañía de Luz y Fuerza con tarifas subvencionadas y sin respuesta ante el robo de hasta 32.9% de su producción. Pese a ello, no se puede dejar a una industria pesquera con exportaciones al alza y un balance comercial favorable a merced de los caprichos del mercado. El gobierno federal tiene la obligación de responder con más que un par de boletines a este conflicto.

Dice la Sagarpa que el diesel marino que se expende en el país “es el más barato de la región de Norteamérica”. Que pondrá en marcha un programa de uso sustentable para mejorar la productividad. Que se invertirán 170 millones de pesos para sustituir embarcaciones obsoletas. Que el presupuesto del sector “se ha triplicado” en dos años. Parecen muy buenas noticias, pero las cifras en un papel dirigido a los medios de comunicación no sustituyen la presencia del secretario de Agricultura frente a los productores.

Para que las tecnologías, la capacitación, los créditos —supuestamente incluidos en los planes de gobierno— lleguen a los pescadores hace falta que el secretario del ramo deje de esconderse y responda a una crisis que ya dejó crecer.

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