Según lo consignamos ayer, este tipo de proyectos ha saturado las cámaras de Diputados y Senadores y ha causado un embudo que impide discutir los temas relevantes. Únicamente en San Lázaro existen más de 2 mil iniciativas congeladas.

Los propios congresistas reconocen el problema. Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional, diputado presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, admite que buena parte del rezago legislativo se deriva de propuestas sin sustancia que sólo buscan cambiar comas o palabras a algún ordenamiento legal.

Más revelador es el testimonio de Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional: “La mayoría de las iniciativas que presentan todos los grupos parlamentarios son de ocurrencias, de compromiso a querer reflejar una imagen a la opinión pública”.

Por su parte, Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, confirma el aumento en el número de proyectos presentados, así como la saturación que este hecho ha originado. Señala: “En 35 sesiones plenarias, los diputados presentamos 266 iniciativas, esto es, 7.5 asuntos por sesión, y de ese conjunto de trabajo, fueron aprobados 34 proyectos. Sólo 13%”.

Tal sobreabundancia de chatarra legislativa encuentra su raíz en que, como aceptan algunos congresistas, no se exige un mínimo de calidad o trascendencia a las propuestas que son llevadas al pleno. Asimismo, en contraste con lo acostumbrado en países europeos, donde los partidos efectúan cribas o reuniones para evaluar y seleccionar las iniciativas que habrán de promoverse en el Parlamento, en México cualquier legislador puede exhibir sus proyectos de forma libre e individual. Lo anterior, sin embargo, abre la puerta para que algún diputado o senador impulse una propuesta —la que sea— por mero afán protagónico.

La autonomía del Legislativo y de todos los poderes públicos, insistimos, es una condición necesaria para la democracia y, a la vez, una de sus características más complejas. Por ende, es deseable que nuestra estructura legal posea los mecanismos para evitar la ineficiencia de las instituciones del Estado. Demandar a los legisladores sustento en las iniciativas presentadas a fin de evitar la pérdida de tiempo y recursos es lo mínimo que podemos hacer.

En ese sentido, las elecciones federales de este año, en las que se renovarán las 500 curules de la Cámara Baja, pueden convertirse en una excelente oportunidad para que los ciudadanos, mediante el voto, manifiesten esa exigencia.

Del mismo modo, la revisión del desempeño del Congreso de la Unión no debe ceñirse a los periodos electorales. Por el contrario, debe ser continua y señalar aciertos y desaciertos de forma que nuestros legisladores se sepan vigilados. El desconocimiento, la indiferencia y la inacción por parte de los mexicanos han sido el campo en el que han crecido los vicios, las “costumbres” y las “ocurrencias” legislativas. Ya es tiempo de acabar con ese statu quo.

Bien harían los integrantes de la actual Legislatura, lo mismo que todos los aspirantes a formar parte de la siguiente, en empeñarse en aprovechar el tiempo que al país no le sobra.

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