Se trató de cambios que permitieron dar operatividad a muchas de las nuevas reglas establecidas en la Constitución. Sin embargo, como ya hemos señalado en este espacio, se trató de una reforma legislativa a medias. Son muchas y delicadas las modificaciones legales que se quedaron en el tintero, lo que ha provocado que las autoridades electorales tengan que enfrentar el proceso comicial de 2009 con herramientas jurídicas, en ocasiones, insuficientes.

La última prueba de ello la acabamos de ver en la sesión del Consejo General del IFE del pasado lunes, cuando se declararon infundadas o se sobreseyeron la mayoría de las 171 denuncias que durante este año han sido presentadas por presuntas violaciones a la nueva prohibición constitucional (artículo 134) para que funcionarios públicos personalicen la propaganda gubernamental.

No pretendo ahora entrar al mérito de las razones específicas por las que el IFE tomó esa decisión, tampoco discutir la cuestionable —por decir lo menos— decisión de haber pretendido reglamentar directamente el texto constitucional supliendo así la tarea del legislador; sino meramente señalar que estamos ante uno de los casos en los que el IFE tiene que trabajar con herramientas legales insuficientes por las omisiones del Congreso.

Vale la pena recordar los grandes pendientes legislativos en esta materia:

1. Modificar las leyes de responsabilidades de los servidores públicos para hacer plenamente vigentes las prohibiciones —y las sanciones— que en materia de propaganda gubernamental establece la Constitución.

2. Adecuar la Ley de Radio y Televisión para que las obligaciones, prohibiciones y sanciones que la legislación electoral establece para los concesionarios y permisionarios se vean reflejadas también en la ley específica que los regula.

3. Crear la Ley del Derecho de Réplica para que esa garantía consagrada en el artículo sexto de la Constitución tenga plena vigencia y aplicación y deje de ser, como hasta ahora, letra muerta.

4. Adecuar las normas penales para dotar de plena autonomía a la Fepade y para introducir un catálogo de nuevos tipos penales en materia electoral que refleje el nuevo tipo de conductas delictivas que imponen los tiempos que corren (la última modificación al Código Penal en esta materia data de 1996), sobre todo en materia de financiamiento a los partidos políticos y de medios de comunicación.

Me hago cargo de que se trata de reformas complejas y que implican, en muchos casos, confrontar el poder siempre presente y amenazante de los intereses mediáticos. Eso complica las cosas, pero resulta indispensable terminar el trabajo iniciado con la reforma constitucional.

Creo que jurídicamente el Congreso aún podría hacerse cargo de esos pendientes antes de la elección con el argumento de que no se trata de modificaciones fundamentales a leyes electorales (prohibidas durante los procesos comiciales por el artículo 105 constitucional), sino a leyes no electorales, dotando así, sobre la marcha, a las autoridades en esta materia de instrumentos normativos acabados para cumplir a cabalidad sus atribuciones. Pero tal vez eso no pase de ser un mero deseo navideño e implique pedirle peras al olmo… ya veremos.

Investigador y profesor de la UNAM

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.