Ahora decidieron modificar el Código Penal para clausurar el acceso a las averiguaciones previas, ya concluidas, del Ministerio Público. Pero ya no hay que pedirle peras al olmo: nuestros legisladores no tienen, ni mucho menos comparten, un proyecto democrático para México. Lo que tienen es puro pragmatismo político. Han actuado conforme a las negociaciones del día y siguiendo los mandatos imperativos de sus partidos, según van soplando los vientos.

De ahí que ellos mismos hayan boicoteado sus contadísimos éxitos: la reforma del Estado que no cumplieron, la reforma electoral que no completaron, la reforma económica que no hicieron y la reforma de transparencia, de la que ya se arrepintieron.

Les gusta reformar la Constitución, para negarla enseguida con las leyes que ellos mismos aprueban. También les gusta organizar foros para decir que escuchan con atención, antes de volver a la rutina de las negociaciones en corto. Y les gusta cantar el Himno Nacional cuando se ponen de acuerdo.

Lo que no les gusta es perder un ápice de poder ni, mucho menos, cederlo al muy peligroso espacio en el que pueden hacer algo los ciudadanos. Piensan en términos de una sociedad política, capaz de ofrecer bienes públicos a la gente y controlar todos los beneficios. La multitud y el anonimato que se agrupa tras el concepto del ciudadano los ponen nerviosos, pues están habituados a tratar con sus pares.

De ahí que perciban la transparencia, el acceso a la información o la rendición de cuentas como una trampa: puertas por donde se cuelan los enemigos, disfrazados de una sociedad civil que no da la cara. ¿Cómo puede aceptarse que cualquier persona quiera saber lo que hacen los poderosos y preguntar sin decirles quién es o para qué quieren saber?

Para ellos, los ciudadanos no han de ser más que los receptores pasivos de sus decisiones, electores activos cuando conviene y, en el mejor de los casos, partidarios y militantes de sus propuestas. En cambio, el ciudadano que se interesa y pregunta, el que investiga y actúa, es un enemigo al que hay que derrotar de antemano. ¿No se ha entendido, acaso, que la democracia es cosa de los partidos políticos?

Y con mayor razón, cuando la información atañe a la necesidad de reforzar el secreto de los dueños de la justicia. Después de todo, si ni siquiera han ofrecido datos confiables sobre el trabajo legislativo o sobre los beneficiarios del dinero que reparte el gobierno, ¿por qué tendrían que abrir las averiguaciones previas del Ministerio Público?

¿Para qué las quieren los ciudadanos? ¿Para decir, como siempre, que la integración de esos expedientes es deficiente, que casi todas son de machote (en todas las acepciones del término), que la justicia castiga a los pobres y absuelve a los ricos, o que el Ministerio Público hace mucho que no es público, sino privado?

Después de todo, la guerra contra el narcotráfico puede justificarlo todo. Por eso, la PGR goza de autoridad moral para pedirle al IFAI que se calle y que no desprestigie el afecto que sentimos los ciudadanos por el trabajo del Ministerio Público, ni exacerbe el ánimo de saber cómo se imparte la justicia en México. Si la 60 Legislatura ya dijo la última palabra, ¿para qué insistir en la transparencia?

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.