Todos los indicadores apuntan a afianzar la explicación de que las redes de cleptocracias municipales, estaduales, federales, paraestatales y sus combinaciones han sido un agente de captura y depredación del Estado para intereses particulares.

La extendida corrupción en el aparato del Estado ha sido ínfimamente reconocida por el gobierno federal al poner en marcha un programa anticorrupción y sancionar a 11 mil funcionarios en los dos años de la presente administración. No obstante, ni los peces gordos caen ni se ven los expedientes penales.

Hace un cuarto de siglo el candidato presidencial del PRI convocó a la “renovación moral de la sociedad”, un eufemismo que si fuera propuesto ahora sería motivo de abucheo. Por entonces surgieron elefantes blancos como la Contraloría de la Federación (hoy Sefupu), pero los indicadores siguieron empeorando. En el índice de Transparencia Internacional, México sigue ocupando lugares vergonzosos. Actualmente, el 72 entre 180 con reprobación de 3.6, que compartimos sin decoro con China, Perú y Suazilandia.

La fórmula de este componente económica y política es simple. Ocupar en el gobierno un puesto donde se jueguen intereses importantes para particulares, tanto en el orden económico como en el jurídico, da una posición privilegiada para regular arbitrariamente el acceso a los recursos del público. Decisiones de inversión y obra, poder para encauzar una denuncia o dejarla perder, autoridad para emitir una sentencia o su contraria, o para otorgar permisos de actividades económicas. La imaginación es el límite.

Mientras funcionaron los controles desde arriba para regular la corrupción mediante el monopolio político se conseguían cierta moderación y control basados en el temor a sanciones venidas desde lo alto.

Al perderse esos controles los poderes que anteriormente hacían el papel de reguladores disminuyeron su capacidad (e interés) de intervención: el presidente, el partido dominante, los controles verticales en oficinas gubernamentales que “concertaban” la corrupción.

La influencia de la sociedad sobre el tema fue mínima durante décadas. Recordemos que la acción social contra la opresión política autoritaria se concentró principalmente en lo electoral, al menos durante 20 años.

Al producirse situaciones inéditas como la prevalencia de la empresa privada sobre la regulación pública o el incremento de la delincuencia organizada, la porosidad del Estado quedó a merced del mejor postor. Hoy pagamos las consecuencias. En este sentido, la subyugación del interés público por bandas delincuenciales o coaliciones monopólicas no varía en naturaleza aunque sí en grado y estatus jurídico.

La inseguridad y polarización que padece la sociedad mexicana se debe en gran medida a la captura del Estado por esos intereses espurios que no fueron atajados a tiempo y que la clase política hoy (toda), no entiende en suficiencia. Acaso por complicidad o por negligencia.
Hará falta presión social para saberlo y, desafortunadamente, tomará muchos años limpiar la casa.

ugalde@unam.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM