Hablamos por supuesto de los legisladores, quienes, en el ámbito federal, se acaban de reponer a sí mismos el impuesto que deberían pagar por su aguinaldo de 101 mil pesos. Ellos tuvieron en sus manos un proyecto de ley cuyo objetivo es poner el sueldo del Presidente de la República como tope salarial para el resto de los funcionarios públicos.

Pese a la imposibilidad de reducir el sueldo de los ministros de la Suprema Corte y los integrantes del Poder Judicial —porque lo prohíbe la Constitución— la iniciativa es de suma relevancia ya que, al tratarse de una reforma a la Carta Magna, el tope se extendería a los estados de la República.

La Ley de Salarios Máximos de los Servidores Públicos, a discusión desde hace casi dos años, parecía en vías de aprobación en marzo de 2007; todos los partidos políticos se decían dispuestos a avalarla. De hecho, el 13 de marzo de ese año la iniciativa se aprobó por unanimidad en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. Una vez en San Lázaro la propuesta se quedó en la llamada “congeladora” parlamentaria.

Para promover la pena de muerte los legisladores del PRI en Coahuila se escudaron en las encuestas que revelan un amplio respaldo popular a esa medida. Si la voz ciudadana fuera realmente su guía de acción estarían más apresurados en reducir su ganancia navideña de 500 mil pesos.

Aunque es evidente el repudio general por el dispendio de los legisladores y gobernantes éstos siguen cobrando sueldos y prestaciones ofensivos para un país de enormes carencias. Es necesario obligarlos a la austeridad. ¿Quién puede hacerlo? Sólo el Congreso federal con el apoyo de al menos 16 legislaturas estatales para reformar la Constitución.

Los diputados carecen de pretextos. Es falso que se necesita pagar bastante a los funcionarios para evitar o reducir la corrupción; estudios del Banco Mundial y la propia experiencia mexicana demuestran que la corrupción no depende de altos salarios sino de valores culturales, procesos históricos, sistemas que la facilitan y diseño institucional.

Deben saber los partidos políticos: la reforma para impedir que unos cuantos funcionarios se asignen sueldos exorbitantes a costa del presupuesto no es sólo cuestión de cifras o de preferencias electorales, sino de gobernabilidad. La impresión general de que la administración pública no es más que el botín de los grupos políticos alimenta la insatisfacción ante la democracia, la inconformidad en las calles, la violencia como método de “resistencia” frente al Estado, incluso la simpatía de algunos sectores hacia el crimen organizado.

Al hacer caso omiso de sus excesos la clase política desestima el riesgo de poner en jaque su propio ejercicio de poder.

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