CHICAGO, Illinois.— Una de las herencias que Barack Obama dejó al estado de Illinois, entidad que representó por cuatro años en el Senado federal, fue su impulso para aprobar una nueva Ley Estatal de Ética. El objetivo de la normatividad es romper la corrupción sistémica entre los contratistas que venden productos o prestan servicios al gobierno del estado y los sobornos o contribuciones de campaña que hacen éstos a políticos a cambio de hacer negocios con Illinois.El ahora celebre gobernador de este estado, Rod Blagojevich, era señalado desde hace tiempo por utilizar el poder, a través de sus asociados, para chantajear a proveedores a quienes sacaba jugo extorsionándolos. La nueva Ley de Ética establecerá mecanismos más estrictos para detener las corruptelas entre el dinero y los funcionarios públicos. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009; quizá por ello un desesperado Blagojevich se esforzaba en “hacer dinero”, como él mismo dijo, demandando sobornos. Con lo que este personaje no contaba es que en su descuido agentes federales del FBI grabaron en secreto sus conversaciones revelando el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente de Estados Unidos. Según el expediente del FBI, cuando Blagojevich se percató de que los directivos del Hospital Children’s Memorial no entregaban una mordida de 50 mil dólares que les demandó, intentó bloquear ayuda estatal por 8 millones de dólares que había comprometido. En inglés, esto se conoce como pay for play (paga para jugar), y este gobernador no estaba dispuesto a dejar jugar a quienes no le pagaran. Según la Constitución estatal, ahora que Obama renunció a su escaño en el Senado, es el gobernador quien tiene la facultad de nombrar a un sucesor sin que el seleccionado enfrente confirmación del Poder Legislativo local o federal. Así nada más, lo que él decida y a quien él decida. Y es que en Estados Unidos no se eligen candidatos propietarios y suplentes como ocurre en México, razón que explica el entuerto de Illinois. Con los hilos de la decisión en la mano, Blagojevich consideró vender la designación legislativa al mejor postor, a quien se comprometiera a recaudar dinero para sus futuras campañas políticas, a aquel que le asegurara un trabajo en el gabinete presidencial o en una organización sindical, a la persona que le garantizara a su esposa posiciones en juntas directivas de corporaciones o, en su defecto, al individuo que le diera dinero en efectivo, contante y sonante. Si usted pensaba que la corrupción en México es endémica y terrible, vea la podredumbre pública en el estado en el que hizo su carrera política el próximo presidente del país más poderoso del mundo. ¡Bienvenidos a Illinois! Y no, las razones de las deshonestidades no se deben a que la gente del estado sea por naturaleza sinvergüenza. Las causas son un sistema débil de rendición de cuentas, pesos y contrapesos republicanos fallidos y un sistema judicial local ineficiente que alimenta la impunidad y el cinismo. ¿Le suena familiar al caso mexicano? La nueva Ley de Ética prevendrá que hacer negocios con el gobierno de Illinois sea caldo de cultivo para el abuso del poder expresado en extorsiones a particulares a cambio de dádivas. No obstante, lo que los políticos necesitan para cambiar sus conductas es entender que quien delinque enfrentará severas consecuencias. Es una lástima que en Illinois tuvieron que intervenir los federales (FBI) para someter a la justicia a un gobernador corrupto. La procuración de justicia estatal también debería ser ciega y proceder en contra de quienes delinquen sin importar su peso político. De cualquier forma, al menos en este país hay instituciones judiciales independientes que arrestan a un Ejecutivo en funciones que se pudrió en la ilegalidad. Aquí, generalmente, no hay espacio para los latifundios, los feudos, los fueros, los góbers preciosos, porque ni en Illinois, Oaxaca o Puebla deberían darse estos despreciables casos. La corrupción habla el mismo idioma, se fermenta en las lagunas legales, se envalentona al cobijo de la impunidad y se sirve de la arrogancia que la discrecionalidad le concede para expandirse. Así como los ciudadanos del mundo conocemos los efectos de este flagelo social, también sabemos sus causas y, por tanto, cómo debe ser combatido. Para que una sociedad aspire al desarrollo y la convivencia pacífica necesita reglas de rendición de cuentas claras y un sistema judicial funcional. Los ciudadanos tenemos el poder de dar el mandato a nuestros representantes y gobernantes para establecer mecanismos austeros pero efectivos que acaben con la corrupción. Alanda@Tribune.com Jefe de la página editorial del diario ‘Hoy’ |