Los partidos parecen haber olvidado que la aceptación social y política de los resultados no depende tanto (o no, al menos, únicamente) de los resultados que arrojan los conteos oficiales la noche de los comicios, cuanto de la construcción del proceso de decisiones y acciones que conducen a la veracidad de esos resultados.

Me consta que una parte de la ciencia política mexicana todavía no ha logrado comprender esta afirmación. Pero me preocupa mucho más que los partidos tampoco lo hagan y que, obrando con prepotencia, sigan sumando razones para desconfiar de los resultados.

No es cierto que la única clave de la aceptación de los resultados sea la magnitud de la diferencia entre ganadores y perdedores. En México abundan los ejemplos históricos de victorias arrolladoras, que sin embargo no produjeron confianza (por el contrario, esos triunfos abultadísimos fueron la razón de la mayor parte de los alzamientos armados en la segunda mitad del siglo XIX y el origen político de la Revolución Mexicana). Y en fechas más próximas, bastaría recordar las elecciones de 1988, cuando Carlos Salinas ganó la elección con más de 19 puntos de diferencia, para dar constancia de que esa variable es insuficiente por sí misma para ofrecer certidumbre política.

Pero suponiendo que así fuera, en las elecciones de 2009 habrá varios comicios que se resolverán apenas por un puñado de votos y, en esa medida, construir procesos confiables desde el origen será cosa fundamental. No obstante, los partidos no sólo se están volviendo en contra de las reglas mediáticas que ellos mismos se dieron, sino que han pugnado con insistencia para que el IFE blinde (esa palabra de moda, que no dice nada) las campañas y evite que el narcotráfico se adueñe de ellas.

Se trata de un despropósito inaceptable. Se le exige al IFE que actúe por encima de sus facultades legales y que supla, como si fuera una institutriz, la irresponsabilidad de quienes postulan candidatos y organizan campañas, y que además asuma la tarea de combatir a la delincuencia organizada, que en rigor le corresponde exclusivamente al gobierno. El IFE debe ceñirse a la legalidad más estricta, y nada más.

Bastará la primera acusación de complicidad con el narcotráfico, formulada por un partido en contra de otro, para que la (ya de suyo precaria) confianza en los procesos electorales se venga abajo. ¿Cómo probaría el IFE que ese candidato o ese partido efectivamente tienen lazos con los criminales o, peor todavía, cómo probaría que no los tienen?

Nos consta que los partidos, puestos a competir, utilizan todos los medios que tienen a mano para restar votos al adversario: fue así como estropearon las elecciones de 2006. Pero añadir más estrategias negras bajo el pretexto de blindar las campañas, en parte para proteger la ineficacia de sus gobiernos y en parte para disponer de otro argumento político, me parece una imprudencia muy grave.

Nos hemos cansado de pedir sensatez a los partidos políticos. Es inútil. Pero todavía cabe la posibilidad de que el IFE la tenga y no se rinda a las presiones absurdas. Que cada quien haga lo suyo.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.