La “perla” en este collar de payasadas y frivolidades se da en la oferta política de instaurar la pena de muerte para ciertos delitos graves, fundamentalmente el secuestro, que han sido la materia más impactante de la violencia, que al haber llegado a quienes tienen la oportunidad de defenderse mediáticamente, la crisis explotó en una cobertura de información verdaderamente abrumadora.

Quienes tienen la obligación de solucionar los problemas en el ámbito de sus territorios o en el Congreso, para impedir que la inseguridad llegue a los extremos desmesurados que hoy vivimos, en lugar de hacer su trabajo en forma discreta y eficiente se trepan cínicamente en la desgracia de muchos mexicanos para proponer la pena de muerte en lugar de aceptar su propia incapacidad o colusión; y de esa manera tratan de movilizar o conmover a una opinión pública dolida, indignada y abandonada, proponiendo una sanción brutal y despiadada, para de ese modo tan tramposo responder a la justa rabia y a la impotencia de una comunidad que se va a unir a cualquier sanción, por desmesurada o impráctica que pueda ser, si con ello considera que es posible detener la ola de violencia que la abruma.

Esos oportunistas siempre están dispuestos a subirse a la pista de cualquier circo que les pueda redituar beneficios en la ansiada y bienaventurada “popularidad”, que se mide por la “bufonada” de cada día, por el “baile por un hueso” o por el exótico concurso del bikini electoral más provocativo; ya que para ellos no somos una comunidad responsable y pensante a la que se le debe atender y servir, sino sólo un inmenso y amorfo conglomerado pasivo y atolondrado por los espectáculos baratos e insulsos en los que se debate la vida pública nacional.

En ese maratón descarnado de ridículo y cinismo, la propuesta de pena de muerte en un país que sufre la impunidad más absoluta en 98% de los delitos es verdaderamente una bofetada al sentido común que los mexicanos no merecemos.

editorial2003@terra.com.mx

Doctor en Derecho

Es doctor en Derecho por la UNAM. Se ha desempeñado como abogado litigante y como empresario en la industria editorial y en el sector comercial.

En el sector público ha sido además secretario general del INAH, fundador y director general del Instituto de la PGR, procurador general federal de la Defensa del Trabajo, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF y secretario de Seguridad Pública federal.

En su vida académica ha ejercido la docencia en la UNAM, en el INAH, en el ITAM, en la Universidad Anáhuac, y es rector de la Universidad de las Américas A.C.