La subsistencia de la criminalidad organizada es posible sólo si existe protección desde el poder público. De ahí que la corrupción sea la salvia vital de toda corporación criminal. Así, las campañas electorales, que suponen una natural necesidad de gasto para las actividades de proselitismo por parte de partidos y candidatos, se convierten en un delicado momento de la vida política propicio para que los intereses criminales busquen tener injerencia en quienes tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones públicas.

En 2009 se realizarán, además de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, comicios en 14 estados (en 11 de manera concurrente con el proceso federal), y aunque ninguno de ellos está “vacunado” de la injerencia del dinero del narco, es en el ámbito local donde el riesgo aumenta. En ese contexto, en las últimas semanas varios partidos han urgido al IFE a blindar el proceso mediante acciones preventivas y de control para impedir que dinero ilícito irrumpa en las campañas.

Nadie puede menospreciar la gravedad del tema y subestimar los riesgos que para el Estado supone que el dinero ilícito incida en la política. Por eso el llamado blindaje de las elecciones es una necesidad de Estado. Pero esa legítima demanda ha errado el tono y sobre todo pretende que el IFE cumpla una tarea que no le compete y mal haríamos en encomendarle. Tal como se ha planteado el problema, parece que es una responsabilidad del IFE impedir y vigilar que el crimen financie las campañas, lo cual es un sinsentido.

El diseño del Estado prevé cuáles son los órganos encargados de combatir al narco y de rastrear los movimientos ilícitos de dinero: la PGR y las autoridades bancarias. El IFE hace otra cosa: vigila que los recursos que reciben partidos y candidatos no provengan de fuentes ilícitas previstas en el Cofipe, así como que su uso sea acorde con sus fines y, de no ser así, impone las sanciones correspondientes.

Además, las tareas de fiscalización electoral son acciones ex post, buscan auditar ingresos y gastos realizados en un periodo contable previo. Cierto, la reciente reforma introdujo informes preliminares de campañas, pero no tienen un carácter definitivo (sino informativo) y, por lo tanto, no pueden sustentar un ejercicio de auditoría en forma; éste, por ley, debe hacerse hasta que se presenten los informes finales de precampañas y campañas. Hoy algunos partidos pretenden que el IFE realice una fiscalización ex ante y que además, investigue los antecedentes financieros de los candidatos, con base en meros acuerdos del Consejo General, lo que supone pedirle a la autoridad que se extralimite en sus atribuciones.

Por supuesto que el IFE como órgano de Estado tiene que colaborar con las autoridades ministeriales y bancarias proporcionando (dentro del marco legal) la información que éstas le soliciten y denunciando cualquier sospecha de financiamiento ilícito. También le compete abrir los procedimientos en materia de fiscalización que dentro de su ámbito de competencia le incumban.

Lo que no podemos pretender es que frente a la ineficacia de los órganos competentes para combatir el crimen el IFE se subrogue a éstos y cumpla funciones de investigación policial. Pedirle al IFE eso significa abrir una peligrosa puerta de la que difícilmente saldremos (todos) bien librados.

Investigador y profesor de la UNAM

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.