Este grupo de sicarios profesionales, al servicio originalmente de Osiel Cárdenas, jefe del cártel del Golfo, formó parte de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano (Gafes), que habían sido utilizados en operaciones del combate contra las drogas, pero que a la vez habían incurrido en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fueron entrenados como comandos de élite por Estados Unidos antes de convertirse en desertores.

Cárdenas convirtió a estos miembros de la élite militar en su grupo especial de sicarios para aniquilar rivales, en especial las bandas de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo. Cuando Osiel Cárdenas fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos, hace varios años, Los Zetas se quedaron sin un liderazgo que los controlara.

Los ex militares adquirieron mayor autonomía, establecieron alianzas temporales con otros cárteles e intensificaron la recaudación de impuestos desde transportistas y pequeños vendedores de drogas hasta apostadores ilegales, proxenetas y contrabandistas.

Con la cruzada del presidente Felipe Calderón contra los narcotraficantes, el flujo de dinero por la venta de drogas ha disminuido, por lo que los sicarios han intensificado sus actividades “alternativas”: secuestros, cobro de cuotas, extorsiones. El costo de esta guerra ha sido enorme. Mucho pudo haberse evitado simplemente con un control sobre los elementos adiestrados para el manejo de armamento, tácticas de guerra, contrainteligencia.

En vez de eso enfrentamos hoy un nivel de complejidad y atomización de la industria del narcotráfico y sus negocios paralelos que pone en riesgo al país entero. El recrudecimiento de la violencia actual, su origen, está directamente vinculado con la deserción de soldados. Estamos en una etapa en que la figura del narcotraficante como sujeto folclórico con raíces sociales es sustituida por una más temible: los paramilitares.

Incluso si apenas una proporción mínima de los desertores —200, 300, 400— trabaja para hampa, el dilema es mayúsculo: fueron entrenados con dinero público, incluso por agencias federales estadounidenses, para matar.

¿Cuánto invertimos los contribuyentes en asesinos a sueldo y secuestradores desde el gobierno de Carlos Salinas? ¿Qué se hace para evitarlo de ahora en adelante si no hay un seguimiento de los elementos que han formado parte de los Gafes?

Limitar el problema del crimen organizado a la compra de mejor armamento, al arresto de capos, a la vigilancia de las calles, al endurecimiento de sanciones —como la pena de muerte— es perder el tiempo. Menos costoso en dinero y vidas es atender el origen institucional que lleva a un soldado a convertirse en sicario.

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