“La degradación de nuestro poder militar es tan notable que en los próximos cinco años este proceso puede tornarse irreversible”, dice la Sedena en un documento interno sobre el estado de las Fuerzas Armadas que entregaron el año pasado a los senadores para pedirles más presupuesto a la Defensa Nacional.

Ahora que conocemos un diagnóstico oficial sobre las policías del país, municipales, estatales y federales —que arrojan 50% de elementos sin la confianza suficiente para ocupar sus puestos—, se refuerza la idea de que era inevitable recurrir al Ejército y a la Marina para enfrentar al crimen organizado. Al margen de los factores que inclinan la balanza de esta guerra hacia la percepción de una derrota gubernamental, los éxitos históricos en cuanto a detenciones, decomisos, destrucción de plantíos, desarticulación de estructuras criminales, entre otras cifras, serían incomprensibles sin la participación activa de los soldados.

Sin embargo, el costo ha sido alto para una de las instituciones más prestigiadas del país. El combate al narcotráfico acentúa un desgaste arrastrado desde hace 50 años, de acuerdo con el diagnóstico de la Sedena. Cinco décadas sin recursos y sin una política clara de defensa nacional. El documento confidencial dimensiona un problema en deserciones y falta de equipo que ya eran evidentes.

A inicios de 2008 este periódico difundió que el sistema de radares terrestres del Ejército estaba operando en condiciones límite, lo cual estropearía la capacidad de vigilancia del espacio aéreo nacional, región de entrada de toneladas de droga. El equipo era inservible.

Para resarcir la deficiencia se solicitó un presupuesto por casi 2 mil 100 millones de pesos a ejercer entre 2008 y 2012. En primera instancia ni la Secretaría de Hacienda ni el Congreso autorizaron los recursos. Sólo después de negociar, la Sedena consiguió 500 millones de pesos. Regatean los legisladores recursos vitales para la Defensa Nacional cuando sin empacho aprueban 300 millones de pesos para construirse a sí mismos un nuevo edificio.

Además de material de guerra obsoleto —que en promedio alcanza para sostener fuego contra un enemigo potencial durante menos de un mes—, las Fuerzas Armadas enfrentan miles de deserciones, bajos salarios y escaso personal. Al menosprecio del Poder Ejecutivo y el Legislativo por los recursos que requieren las necesidades militares se suma la mala estrategia del primero para conservar a los efectivos. Entre 1999 y 2006, 4 mil 981 soldados fueron transferidos a la PFP. De ellos, 4 mil 873 desertaron y las vacantes tuvieron que ser cubiertas con más elementos del Ejército. La cantidad de soldados desertores equivale casi al número total de elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.

Los soldados enfrentan negligencia a su alrededor en el peor momento, justo cuando el tamaño de los desafíos sobrepasa su capacidad de respuesta. El propio secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ha admitido, por ejemplo, que no es posible otorgar seguridad a todas las zonas estratégicas del país a raíz de los atentados contra instalaciones de Pemex.

¿Qué tan graves serán las cosas que los militares han tenido que hacer política para allegarse de recursos? Deben recordar gobernantes y legisladores: el destino del país será proporcional al de sus Fuerzas Armadas.

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