Antes, celebraron los legisladores pírricos resultados en materia fiscal primero y energética después, como si los consensos legislativos —sean los que fueren— constituyeran por sí mismos victorias de la democracia. Nada hay para celebrar si a eso se limitan los supuestos logros.

Con la crisis económica mundial encima y el barril de petróleo en su punto más bajo del sexenio, hoy resiente México su poca ambición legislativa. La pequeñísima recaudación, de las más bajas del mundo, y el lento desarrollo de Pemex —al cual parecen resignarse los congresistas— no compensan en el corto o largo plazos las caídas recientes de las tres principales fuentes de ingreso: petróleo, turismo y remesas.

Si funcionan las pláticas en la Junta de Coordinación Política del Congreso hablaremos en 13 días de nuevas disposiciones en códigos y leyes federales, de una Ley General de Seguridad Pública y de una reforma al artículo 73 constitucional, con nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar el Secuestro. Con todo, eso es insuficiente para responder al tamaño de la problemática.

Falta la Miscelánea Penal, que faculta a la policía para investigar en materia de prevención sin sustituir al Ministerio Público; regular la figura del arraigo cuya duración debe ser de hasta 40 días prorrogables; crear nuevos tipos penales para sancionar a funcionarios públicos por delitos contra la administración de justicia, así como un registro obligatorio de detenciones. Falta también la extinción de dominio, que se usa en países como Colombia y faculta al Estado a disponer de bienes y propiedades que son usados por el crimen organizado para sus actividades delictivas. Falta el tratamiento a los adictos.

Falta la Ley de la Policía Federal, la cual propone un modelo policial único. Francia, Estados Unidos, Italia lo tienen. Si 50% de los policías en toda la República —municipales, estatales y federales— no son confiables, lo que se necesita es un nuevo orden de carácter nacional. Con la reforma “posible” se dilapida esa posibilidad a costa de mantener intocados a los gobernadores, responsables de 95% de las policías del país. Trastocar el poder de esos servidores públicos —sin contrapesos ni transparencia obligados— implicaría una reforma integral de justicia. La lógica indica que no la habrá.

Falta todo eso y mucho más. Incluso de haberse cumplido todos los acuerdos signados en Palacio Nacional habría mucho por hacer en transparencia del Poder Judicial, independencia de las procuradurías de los poderes ejecutivos estatales y federal, mejoramiento de las condiciones de trabajo de los cuerpos de seguridad, capacitación, reinvención del sistema penitenciario...

Los legisladores presumen en spots que con sus acuerdos “ganamos todos”. En realidad, es lo mismo que decir: “no perdió nadie”, y ese es el problema. Ningún cambio de fondo, ya sea en seguridad, recaudación fiscal o industria energética, es posible sin afectar intereses. La verdad es que los diputados y los senadores —es decir, los partidos políticos— no han estado dispuestos a hacerlo porque esos intereses son los suyos, directa o indirectamente.

Hacer realmente lo “posible” implica una estatura ética superior. Al velar por su conveniencia desestiman los políticos que se exponen a pagar en carne propia y en las urnas el costo de entregar a los criminales el uso de la fuerza.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.