Como parte de sus respuestas a preguntas parlamentarias que forman parte de la glosa de su segundo informe de gobierno, el Ejecutivo federal señala que 49.4% de los 56 mil 065 policías municipales y estatales, así como de nuevo ingreso a la Policía Federal Preventiva, reprobaron su evaluación de este año.

De acuerdo con este reporte, las entidades con mayor número de elementos “no recomendables” trabaja en Zacatecas (70%), Coahuila (69%) y San Luis Potosí (64%).

En contraste, quienes salieron mejor calificados fueron Chiapas, Chihuahua y Quintana Roo, que muestran cifras positivas, pues el reporte indica que el porcentaje de “recomendables” oscila entre 96.9%, 97.6% y 98.8%, respectivamente.

Acaso sorprende que las entidades del país peor calificadas no sean de las que mayor cantidad de delitos y ejecuciones tengan en la roja contabilidad del crimen organizado.

Vale reconocer como avance que en un país donde los diagnósticos no suelen estar muy prestigiados se presente éste, de características autocríticas, que ofrece una descarnada radiografía de nuestro atraso policial. Los estudios que maquillan situaciones o matizan problemáticas deben desecharse, si es que de veras se pretende devolverles credibilidad.

La realidad que ahora cuantifica el gobierno era ya percibida por una ciudadanía descreída y desconfiada de sus guardianes del orden. La baja estima que de sus policías tiene la sociedad se ha vuelto un mito urbano de fuerte raíz, alimentado por cotidianas anécdotas de ineficiencia, incapacidad y corrupción.

Ahora bien, el reporte presidencial al Congreso no detalla cuál es la situación legal o laboral de estos elementos, lo que hace suponer que siguen en activo. Tampoco hay explicaciones sobre cómo le hicieron para obtener su uniforme y placa, ni mucho menos cuáles son las propuestas para sanear a las corporaciones. Es indispensable que se nos diga qué sigue y de qué manera la sociedad civil puede participar del proceso.

En ese sentido, es de esperarse que hoy, en su reunión previa a la de los primeros 100 días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los gobernadores del país aborden el tema y señalen directrices de solución.

No todo está perdido. Los casos de éxito como los de Chiapas, Chihuahua y Quintana Roo demuestran que es posible establecer filtros aceptables de confiabilidad y dichas experiencias deben extrapolarse, con particularidades y adecuaciones, a las entidades donde los promedios son bajos. Es vital la colaboración entre ejecutivos estatales, más allá del partido político al que pertenezcan.

¿Cuál es la clave? ¿En qué radican las diferencias? Puede estar en los manuales de operación, en las estrategias de reclutamiento, en el rigor en los exámenes, en la probidad de los examinadores, en sueldos y prestaciones, en armamento, en el grado de reto que plantee la delincuencia local.

Todo debe ser contrastado y revisado a fin de contar, en el corto y el mediano plazos, con corporaciones confiables.

El duro ejemplo puesto por el gobierno federal para sacar de las policías y procuradurías federales a elementos comprados por la delincuencia organizada, así sean o hayan sido altos mandos de la PGR o la Secretaría de Seguridad Pública, debe permear al país y volverse una cultura.

Fueron muchos años de descuido, lo que debe revertirse en muy poco tiempo. Ni modo. No hay otra que sanear a las policías del país, porque de eso depende que se gane la batalla contra el crimen y se garantice de nuevo la seguridad física y patrimonial de los mexicanos.

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