Además de que dicho suceso generó la liquidación y extinción de empresas, así como la pérdida total del patrimonio de muchos de sus clientes, colapsó el sistema financiero del país.

La imposibilidad de cumplir los compromisos crediticios adquiridos por la población se debió principalmente a dos factores. El primero, de tipo económico, consistente en la inflación galopante que padecimos en dichos años, y el segundo, de carácter jurídico, al aceptar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la validez de la figura conocida como “anatocismo”, que no es otra cosa que el capitalizar los intereses que se generan con motivo de una deuda, es decir, el cobro de interés sobre interés.

La decisión de nuestros máximos tribunales si bien es cierto fue impopular y cuestionada jurídicamente, también lo es que al menos al parecer vino a solucionar un problema para los grupos financieros del país, ya que les permitió maximizar a su favor la recuperación de los créditos otorgados. No obstante lo anterior, hay que recordar que los mismos tuvieron que ser rescatados por el gobierno federal a costa de los impuestos de los contribuyentes de entonces y ahora.

Ahora se da un giro a las cosas, pero en sentido contrario. La aceptación jurídica de cobrar interés sobre interés actualmente está generando consecuencias negativas y alarmantes para los bancos, ya que existen clientes que están demandado incumplimientos de pago de dichas instituciones, que, con fundamento en el anatocismo, pueden ser obligadas a devolver cantidades que incluso están cerca de equiparar el valor de todo el grupo financiero que los conforma, poniendo en peligro la viabilidad económica del mismo.

Como ejemplo podemos señalar el caso que actualmente se encuentra litigando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque podría resolverse hasta el próximo año. El Banco Nacional de México (Banamex) —por efecto del anatocismo— puede verse implicado en el pago de aproximadamente 7 mil millones de dólares a favor de José Luis Saldívar, cliente que está reclamando la devolución de una inversión efectuada en 1987 por una cantidad de 400 mil viejos pesos.

De lo mencionado podemos concluir que resolver un asunto influenciado por cuestiones políticas o financieras, más que jurídicas, conllevaría una labor de alto riesgo para el estado de derecho mexicano, en virtud de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueden prever todas y cada una de las consecuencias que se desprenden de las situaciones que analizan, como lo es, para el presente caso, haber aceptado legalmente la figura del anatocismo.

Por lo pronto, consecuencias aparte, pesa sobre el juicio un principio de equidad. Podemos atrevernos a señalar que las sentencias que se emitan por nuestros máximos juzgadores —en los casos que resulten similares al de Banamex y este mismo— válidamente pueden acogerse a aquella frase popular que reza: “El que a hierro mata a hierro muere”.

Abogado fiscalista

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.