Llamar la atención de legisladores, gobernantes y jueces requirió de una serie de manifestaciones públicas de inconformidad, ya sea en la calle o en los medios de comunicación. Se consiguió. Ahora, para que el tema no se diluya en la vorágine informativa o el olvido gubernamental, como en 1997 y en 2004, hace falta ir un paso más allá.

No se requieren bloqueos carreteros, boicots, arengas incendiarias. El arma más poderosa de la sociedad en una democracia —aunque sea incipiente como la nuestra— es una opinión pública independiente y robusta en la identificación de culpables y soluciones.

Preguntó Carmen Delgadillo, una lectora, a Alejandro Martí: “A casi 100 días de la reunión del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y de su reclamo de ‘Si no pueden, renuncien’, ¿usted tiene la obligación moral de decir a quién se debe correr? ¿A quiénes se debería renunciar?”. Respondió el creador del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS): “No bajaré mi propuesta y mi agenda jamás, mi propósito es de exigencia, de exigencia constructiva. La propuesta de ‘si no pueden, renuncien’ la pusimos los ciudadanos en atención al valor civil de los funcionarios, ellos mismos tendrán que responder a nuestra demanda públicamente”.

Efectivamente, no es su papel correr funcionarios públicos. Sin embargo, la población sí necesita un referente legitimado para cohesionarse en torno a problemas comunes, líderes de opinión que cuenten con la confianza de la gente; no hay otra forma en que una sociedad masiva se haga de una percepción conjunta sobre el ámbito público y actúe en consecuencia.

Quiénes para ocupar ese papel si no las víctimas del crimen, de un sistema político y judicial negligente y corrupto. El dolor privado llevado a la trinchera pública ofrece más garantías de confianza que las promesas de un político profesional.

Por desgracia y por fortuna, tenemos varios ejemplos así en México. Personajes que buscaron justicia a cuenta propia por no encontrarla en el poder público: Isabel Miranda Wallace, Leticia Martell, José Bonilla, Nelson Vargas, Alejandro Martí.

No hay lucha contra la delincuencia que se haya ganado sólo con cambios de policías, jueces o ministerios públicos. El crimen organizado existe por un sector social complaciente, que ha vivido directa o indirectamente del delito.

Hace meses el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, lo advirtió: 500 mil personas en México trabajan con el narcotráfico. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas personas más si sumamos tráfico de armas, personas, contrabando? Cuatro tipos de México sobresalen en ese panorama: el que está metido directamente en el crimen, el cómplice, el de la élite que saca provecho y el de los ciudadanos que no queremos a ninguno de los tres.

Ojalá llegue el día en que por simple empatía las personas se unan, sin necesidad de mediaciones, en torno a problemas comunes. Mientras tanto, es a partir de iniciativas como SOS que se puede construir una opinión pública independiente y robusta.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.