Los incumplidos son justamente los mayores responsables de la seguridad en el corto y largo plazos, respectivamente: gobernadores y legisladores.

Impactan a nivel mediático las ejecuciones de ámbito federal, pero son una proporción mínima respecto del crimen del fuero común a cargo de gobiernos estatales y municipales. Bajo su mando está 95% del total de los policías del país. Son los encargados de prevenir y actuar contra lo que afecta a la población diariamente.

¿Cuál fue el compromiso de los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno? Crear indicadores del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia en concordancia con los indicadores nacionales; nada hubo al respecto. Elaborar leyes y competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo; no se conoce ni un solo anteproyecto.

¿Qué sí hicieron? Cambios legales a nivel local, purgas en cuerpos policiacos, cursos de capacitación, creación de unidades especializadas antisecuestro, incremento en las penas por plagio, compra de patrullas y motocicletas. Suena bien, pero ante un problema tan complejo y multifactorial resulta inútil. Repitieron las fórmulas que llevaron al fracaso a los movimientos contra la inseguridad de 1997 y 2004: acciones desligadas de una estrategia nacional, quizá muy llamativas, pero ineficaces.

No hay pretextos válidos. Los encargados de los poderes ejecutivos estatales y municipales cuentan con márgenes de acción políticos y económicos mucho más amplios que a nivel federal. Se aumentan el sueldo a sumas incluso mayores que las del propio Presidente, subsidian eventos religiosos con dinero público, viajan a Europa cuando quieren. ¿Rendición de cuentas? ¿Contrapesos? ¿Transparencia en el gasto? Nada ni nadie los obliga a ello.

Reprobable como es tal concentración de poder, los gobernadores podrían aprovecharla para responder a la demanda ciudadana de reformas integrales para la seguridad. Si no lo han hecho, digan lo que digan, será porque no quisieron.

Diputados y senadores comparten la responsabilidad. A casi dos meses de enviada la propuesta presidencial de reformas en seguridad y justicia, los legisladores han tenido tiempo para incrementar su presupuesto y recorrerse el puente vacacional del 20 de noviembre, pero no para aprobar las reformas. “No nos podemos dejar presionar ni por 100 días ni por nadie”, dijo el coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa.

Nadie espera que aprueben una ley en siete minutos, como hicieron con la de telecomunicaciones hace tres años, pero siete semanas deberían ser suficientes.

En manos del Legislativo, más que del Ejecutivo, se encuentra una solución profunda, estructural. Sólo ese poder puede homologar los distintos códigos penales entre los estados; sólo los legisladores pueden dotar de criterios de cooperación a las miles de policías distintas del país; sólo los diputados y senadores pueden cerrar las puertas del dinero sucio hacia los MP y jueces.

Lo más grave es que el gobierno federal comparte su soledad con una ciudadanía, a juzgar por las encuestas, sin la cohesión necesaria para hacer válido el “si no pueden, renuncien” hacia los incapaces de los últimos 100 días. Al crimen sólo se le derrota con una opinión pública unida, que castigue a los incumplidos o premie a quienes se tomaron el pacto de seguridad en serio.

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