La llamada Operación Limpieza —como tantos otros operativos federales, estatales o municipales que resultan en la captura o destitución de policías— sirven para encontrar en las instituciones de seguridad malos elementos; sin embargo, por sí solos no resuelven el problema de la infiltración criminal.

En junio del año pasado fueron destituidos 284 altos mandos de la PFP y de la AFI. La purga incluyó a los 34 comandantes de la PFP en todos los estados de la República. “Necesitamos una policía honesta, limpia y confiable”, dijo entonces Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Lo mismo ha sucedido con cientos de policías municipales en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo.

También se han realizado cambios denominativos en apariencia de fondo. La Agencia Federal de Investigación (AFI) suplió en el sexenio de Vicente Fox a la Policía Judicial Federal. Hace dos meses la agencia desapareció para dar paso a la Policía Federal. En el proceso fueron contratados y destituidos mandos y agentes.

Al final, después de tantos arraigos, detenciones, despidos y fusiones, la corrupción permaneció porque no cambiaron las leyes, los incentivos y el diseño institucional que la permiten. Para colmo, los policías, militares y funcionarios reclutados por el crimen organizado fueron puestos en la calle en proporción de miles en vez de haber sido recluidos o cuando menos vigilados. Sólo entre 1999 y 2006 4 mil 981 soldados fueron transferidos del Ejército a la Policía Federal Preventiva (PFP). De ellos, 4 mil 873 desertaron. ¿A dónde fueron? Es probable que estén en la nómina del narcotráfico.

Para romper la constante infiltración del crimen organizado en las policías hace falta reforzar los mecanismos legales que permiten la vigilancia sobre los funcionarios públicos encargados de la seguridad. De esa forma cualquier depósito bancario, compra de inmuebles, traspaso de bienes u operación financiera de los servidores públicos serían investigados en el momento y no cuando las fugas de información u otras formas de colaboración con los criminales hayan ocurrido ya durante años.

Los funcionarios dedicados a la seguridad deberán saber que mientras ocupen sus cargos no pueden desprenderse de la vigilancia del Estado. Esto se realiza ya en Italia, Colombia y Estados Unidos. En las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, las familias de los soldados no pueden radicar fuera de las zonas residenciales asignadas por la milicia; a cambio, se les brindan becas de estudio, créditos hipotecarios y otros beneficios que hacen mucho más costoso para un soldado corromperse. En México no hay estos controles.

El gobierno federal pide la confianza de la sociedad a través de spots en medios electrónicos; debe hacerlo, la denuncia ciudadana es indispensable para el combate a la delincuencia. Pero más efectivos que golpes sobre la mesa y campañas audiovisuales serán las reformas legales y de diseño institucional que garanticen la fidelidad de los encargados de la justicia.

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