Además de denunciar los hechos, de evidenciar la negligencia o incapacidad de las autoridades para investigar los asesinatos y otorgar garantías a los periodistas, como debe hacerse con todos los ciudadanos, habría que intentar formas de solidaridad como publicar todos la misma noticia motivo del crimen o impedir que los reporteros firmen sus notas para evitar exponerlos. Esto se dio en Colombia y se ha dado en algunas ciudades del país en las que los dueños de algunos periódicos han ratificado su compromiso social al seguir informando sin poner en riesgo la seguridad de sus reporteros.

Pero al margen de lo que se pueda hacer para proteger la integridad de los periodistas, algo hay que hacer en Chihuahua, donde las ejecuciones han dejado de ser una noticia para convertirse en una cifra, de varios dígitos, que aumenta al ritmo del temor de una sociedad en la zozobra y la impotencia.

El jueves, Reporteros Sin Fronteras envió un comunicado que llamaba a la comunidad internacional, en particular a las autoridades fronterizas de EU, a fin de que adopten medidas humanitarias que protejan la vida de los periodistas mexicanos obligados al exilio. También pidió la liberación inmediata de Emilio Gutiérrez Soto, detenido por la patrulla fronteriza en junio, en El Paso, Texas, a donde huyó después de haber sido amenazado por “unos militares”. Trabajaba como corresponsal de El Diario, en el que trabajaba también Armando Rodríguez, asesinado el 13 de noviembre en Ciudad Juárez.

La libertad de expresión ha sido conculcada de facto en Ciudad Juárez por la delincuencia. Los periodistas no sólo se niegan a publicar información que pueda comprometer su seguridad y la de sus familias, sino que, amenazados, deciden cruzar la frontera para preservar la vida. Es por ello que Reporteros Sin Fronteras propone a los gobiernos de EU y Canadá, “hacerse a la idea de ver llegar a periodistas pidiendo su protección” y no considerarlos una amenaza ni ignorar los riesgos que corren en su país.

El asesinato de periodistas no es un asunto que deba preocupar sólo a un gremio, es un asunto que involucra a la sociedad toda, porque cada voz que se silencia constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información de todos y cada uno de los ciudadanos.

Periodista