Con el esquema anterior de pensiones, basado en la Ley de Seguridad Social de 1973, se obliga al gobierno a absorber los costos de las pensiones, correspondan o no a los recursos del trabajador. Esa situación era insostenible para el Estado porque se terminó con una deuda frente a los jubilados mayor a la capacidad de los fondos públicos.

La respuesta fue un sistema de ahorro en manos de empresas para “trabajar el dinero” vía instrumentos de inversión. Así, los fondos financiarían proyectos productivos privados, títulos gubernamentales o los famosos “derivados” —detonadores de la crisis global— que, en teoría, generarían al trabajador una ganancia. Es decir, básicamente un empleado obtendría más de lo que aporta de su bolsa. Así fue, en general, hasta el verano de este año.

Las pérdidas millonarias en los ahorros se justifican, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), por “la volatilidad en los mercados financieros que afectó las posiciones de algunas de las afores en renta variable”. En palabras simples, bajó el valor de las inversiones en que las administradoras pusieron el dinero de los trabajadores. Es parte del “riesgo” de toda inversión de la que se pretende una ganancia.

Lo desconcertante es que las personas, forzadas por ley a un esquema de ahorro privado, nunca sepan cuál es la apuesta donde se pone su dinero. No hay la obligación de informarlo. Simplemente la gente es comunicada del resultado vía su estado de cuenta, haya sido buena o mala esa apuesta.

Lo único certero es la ganancia de los administradores por medio de las comisiones que cobran. Curioso, dado que una máxima de la protección del consumidor es que si no se recibe el resultado ofrecido por una empresa, ésta no tiene derecho a cobrar por sus servicios.

Hablamos, pues, de falta de certidumbre para el usuario frente a las instituciones financieras. En ese sentido, lo mínimo que se les puede pedir es rendición de cuentas y garantías.

Se dice que el sistema financiero mexicano se salvó de la crisis global debido a la poca sofisticación de sus operaciones. Sin embargo, en términos regulatorios hay mucho qué lamentar. El simple exhorto que hizo esta semana la autoridad bancaria a HSBC —por haber aumentado hasta 20 pesos el retiro de dinero en cajeros automáticos— exhibe los alcances de nuestras autoridades para poner en orden los excesos contra los cuentahabientes, consumidores y ahorradores de este país.

No se trata de regresar a manos gubernamentales el dinero de los trabajadores; sobran en México ejemplos de falta de eficiencia y corrupción en el manejo estatal del dinero. Pero la administración privada no ha demostrado ser mucho mejor. Lo urgente es modernizar el esquema actual para dar a la gente información clara y oportuna de sus inversiones, así como garantías por el servicio contratado.

La seguridad y tranquilidad de 40 millones de mexicanos valen el esfuerzo de reformar las leyes e instituciones en la materia.

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