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México D.F., a 18 de noviembre de 2008 | 11:43 PM

Germán Martínez Cázares
G-20
18 de noviembre de 2008


“La crisis financiera puede llegar a convertirse en crisis humanitaria si no actuamos”, sentenció el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon.

Al borde del precipicio de convertir una recesión mundial en una gran depresión mundial, los países más ricos del planeta y algunas economías emergentes, como México, se reunieron en Washington el fin de semana pasado para suscribir una serie de medidas que eviten el colapso.

Anunciaron planes masivos de dinero público para reimpulsar la actividad económica con una dosis de estímulos fiscales animadores del crecimiento y el empleo.

Barack Obama no estuvo personalmente, pero hizo acto de presencia en una entrevista en la radio, para urgir al Congreso de su país a tomar esas mismas medidas, pero de manera inmediata.

Ya no se cantaron loas al déficit cero, ni tampoco se satanizó a la deuda pública, pero sí se combatió al proteccionismo nacionalista y se oyeron coros a favor de la transparencia y la mejora regulatoria mundial.

También se afilaron los cuchillos contra los salarios máximos de los ejecutivos financieros, el descontrol y débil fiscalización a las calificadoras de riesgo; también se protestó contra los beneficios en los paraísos fiscales y se hizo un mea culpa de los conflictos de intereses de los dueños del capital.

Sin embargo, no quedó saldado el debate de fondo. Ese que da un ganador entre la tensión Estado-mercado. ¿Terminó la supremacía del libre mercado? ¿Es la hora del retorno a la economía planificada desde el gobierno? ¿Murieron Adam Smith y Milton Friedman? ¿Resucitó Keynes? ¿Alan Greenspan debe guardar silencio?

George W. Bush no da una. En su discurso no podemos encontrar la solución. Defendió el libre mercado sin rubor, al tiempo que nacionaliza bancos e interviene desde el gobierno a los intermediarios financieros.

¿Más Estado promotor y controlador del mercado y menos libertad de mercado? Ese debate sigue sin punto final después de la Cumbre de Washington.

La libertad económica de los particulares debe seguir siendo la condición necesaria, pero no suficiente, para construir un orden económico fuerte y justo.

La justicia en las relaciones económicas no puede ser sólo el resultado de fríos procesos económicos, en los que sólo importan los números impersonales que estimulan la prepotencia económica, como quieren los liberales; ni tampoco el control totalitario de la economía por el gobierno, como sueñan los estatistas.

El Estado debe fomentar el empeño personal, estimular y coordinar todas las actividades adecuadas para la estabilidad y prosperidad de la economía y, al mismo tiempo, corregir las injusticias que existen en la aplicación y distribución del ingreso nacional.

No se puede seguir por el sendero de la simulación de controles y dejar el paso libre a la codicia, avidez y usura del capitalismo salvaje. Ese que abandera la libertad sin cortapisa, sin escrúpulo, sin responsabilidad solidaria. Ese que considera a la ley y al Estado un estorbo para la promoción de sus negocios.

El camino es el Estado activo desde la libertad individual, de cuidado del bien común desde el Estado, para evitar el gobierno de la avaricia y promover el desarrollo justo de la economía. Ese camino se llama economía social de mercado. Lo pregona el Partido Acción Nacional desde antes de 1970, con Adolfo Christlieb y Efraín González Morfín. Ahora sí llegó su hora.

***

Tienen razón: la nueva refinería, hágase donde se haga, se debería llamar Juan Camilo Mouriño. Finalmente, lo saben en el PRI y en el PRD; él armó, desde el gobierno, la reforma a Pemex.

Presidente nacional del PAN

  Acerca del autor

Nació en Quiroga, Michoacán, en 1967. Se graduó como abogado en la Universidad La Salle. Realizó estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, así como una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.

Ha sido en dos ocasiones diputado federal en la LVII y LIX Legislatura. En esta última Legislatura fungió como coordinador adjunto del grupo parlamentario de Acción Nacional.

En los proceso electorales de 2000 y 2006, fue representante del Partido Acción Nacional ante el IFE.

Al inicio de la actual administración, fue designado secretario de la Función Pública, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2007, cuando renunció para contender por la presidencia nacional del PAN.

El día 8 de diciembre de 2007 fue electo por el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para el período 2007-2010.

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