Así como las hipotecas “tóxicas” contagiaron a todo un mundo que alegremente especulaba, obtenía créditos fáciles, compraba casas sin ton ni son y conseguía altas rentabilidades a través de novedosos instrumentos financieros mientras los intermediarios “llenaban” sus arcas, algún virus similar parece haber atacado a la democracia.

Particularmente a muchas democracias latinoamericanas que han intoxicado a la región, amparadas en la tan mentada burbuja económica que les permitió disimular sus incapacidades y alimentó su prédica populista. Se dice que se trata de gobiernos elegidos en elecciones, como si ese fuera el único requisito para que un gobierno sea democrático. No lo es, ni aun en los casos en que las elecciones sean libres y limpias.

Veamos algunos casos de la vida real. Por estos días se ha confirmado que los 800 mil dólares que estaban en la maleta de Guido Antonini Wilson, más 4.2 millones extras que “viajaban” en otra valija y otros fondos de origen non sancto eran para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Ese tipo de “financiación electoral” está prohibido por ley en Argentina y por lo tanto deslegitima a su actual gobierno.

Igual o peor es el caso del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Tanto da conocer el resultado de las elecciones municipales o saber si hubo o no financiación de Chávez; lo que importa es que el gobierno proscribió partidos políticos y candidatos, persiguió a la prensa y usó dineros públicos para la campaña del partido del presidente. ¿Se puede hablar en ambos casos de democracia, gobiernos legítimos y elecciones libres?

Mucho peor aún es el caso de Venezuela, donde el 23 de noviembre se celebrarán comicios para elegir 22 gobernadores y 326 alcaldes. En casos anteriores, Chávez ha hecho “fichar” a los votantes; dispuesto que los funcionarios de PDVESA votaran por el gobierno so pena de perder el empleo; “contado” mal los votos para “matizar” su derrota; creado grupos de choque fascistas para agredir a sus opositores y ni hablemos del uso y abuso del dinero de los venezolanos. Pero esta vez el comandante bolivariano supera cualquier antecedente, propio y continental: ha proscrito candidatos y partidos, usado jueces afines (prácticamente todos) o al propio contralor general para desacreditar o inhabilitar a opositores y refuerza sus ataques a periodistas y prensa independiente y opositora. Por si no bastara, recurre a una de las peores formas del terrorismo de Estado: amenaza con “sacar los tanques” a la calle y poner en marcha “un plan militar” si sus adversarios ganan las elecciones. Dado este tipo de “pequeños” detalles ¿serán elecciones libres, legítimas y democráticas?

En concreto, si ganan los candidatos chavistas, esta democracia tóxica por excelencia quedaría otra vez legitimada. Pero si pierden, el país sería ocupado militarmente y habrá que ver cómo lo legitiman.

¿Qué dirán observadores, observatorios, controladores e invitados y “amigos” especiales? ¿Encajará igual dentro de la Carta Democrática de la OEA?

Como sucedió con las hipotecas —en que los encargados de controlar, vigilar, regular y alertar sobre lo que ocurría dejaron hacer—, parecería que con las democracias “tóxicas” también dan vuelta la cara los que tienen que contribuir a la transparencia, como sería el caso, por ejemplo, de la OEA o de muchas organizaciones y observatorios que dicen ocuparse de temas vinculados a los derechos y libertades.

El autor es presidente honorario de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

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