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México D.F., a 15 de noviembre de 2008 | 11:43 PM

Juan Francisco Escobedo
Gobernabilidad democrática
15 de noviembre de 2008


Una vez que se ha nombrado al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, conviene trasladar nuestra atención sobre los temas y problemas políticos fundamentales que tiene que atender el Presidente junto al nuevo inquilino de Bucareli. La baja institucionalidad y las débiles lealtades institucionales que subyacen en las estructuras del gobierno le dan a la biografía personal de quienes encabezan las dependencias públicas el mayor peso específico para esperar un adecuado desempeño. De tal manera que la eficiencia y eficacia del aparato público depende más de las competencias y cualidades personales, que de las funciones, políticas, programas y personal de carrera de que disponen las oficinas públicas. La institucionalización es un proceso de largo aliento. Lleva tiempo reemplazar la eficacia de la vieja trama de estructuras y funcionarios que condujeron los asuntos públicos durante décadas. La modernización del aparato público no es un asunto que se satisfaga con simple voluntarismo, con cursos de autoayuda o con asesorías rápidas para mejorar la gestión pública.Tampoco basta la autosuficiencia moral del recién llegado que, al mismo tiempo que muestra su blanco pasado, exhibe su inexperiencia e incompetencia. La persistencia eficaz del aparato estatal requiere una mezcla entre lo viejo bueno que debe ser continuado, y lo nuevo eficaz que debe ser impulsado. Ninguna institución ha persistido en el tiempo o ha tenido éxito en su intento de reforma o modernización haciendo tabla rasa del pasado. Continuidad y cambio es la sencilla fórmula que aconseja la prudencia para conducir los asuntos públicos.  En esa tesitura y con el enfoque de la gobernabilidad, tres son los temas básicos sobre los que debe hilar fino el nuevo responsable de la política interior.  En primer lugar, es necesario revisar y poner al día las reglas del juego respecto de las relaciones entre el gobierno y los actores políticos y sociales. No hay estrategia política eficaz que no disponga de un marco de relaciones estable entre el poder público y la comunidad política del país. En segundo lugar, es urgente dejar claro cuáles son los espacios institucionales donde se delibera y se toman decisiones, así como los formatos básicos que deben atender los actores políticos y sociales que concurren a la deliberación y a la toma de decisiones. La aceptación y reconocimiento recíproco de los espacios institucionales que representan y ofrecen los poderes del Estado es una condición necesaria para abonar en favor de la gobernabilidad democrática. El tercer tema de la agenda básica del nuevo secretario de Gobernación está asociado con la aplicación de las decisiones tomadas, así como con la implementación de las políticas y programas gubernamentales relacionados con dichas decisiones. La operación práctica de las decisiones constituye el pequeño detalle técnico que hace la diferencia entre la omisión, la incompetencia y el despliegue eficaz de las responsabilidades públicas, que tienen consecuencias y costos de diverso género para todos. La eficacia decisoria y la eficacia operativa son indispensables para hacer efectiva la presencia del Estado, la preservación del interés público, la continuidad institucional y el desempeño efectivo de los poderes públicos. Todo ello dirigido a la generación de condiciones mínimas para la gobernabilidad, que no implican el silencio de los opositores, la complacencia de los críticos o la inmovilización política o social. La gobernabilidad democrática supone la aceptación de nuevas reglas del juego, adicionalesa las electorales. Ese proceso está inconcluso, por ello es una asignatura ineludible del nuevo responsable de la política interior. Lo importante de la gobernabilidad radica en la aceptación de las reglas democráticas para estar de acuerdo, o incluso para estar de acuerdo en no estar de acuerdo, sin que el disenso temporal provoque la confrontación violenta, desencadene inestabilidad o implique el regreso de las prácticas de exclusión política.
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