Tenemos más de dos años caminando hacia atrás. La recesión ha comenzado y no tiene visos de amainarse porque la crisis internacional incide sobre las fallas estructurales y de las políticas públicas que no se han sabido corregir. Los ritmos de crecimiento se comprimen de 4.9% en 2006, a 3.2% en 2007, a 2% en este año y a una previsión oficial de 1.8% y otra más realista entre 1% y -1% en 2009. Los rigores de la crisis llevan al gobierno a modificar a contrapelo la orientación medular de su política económica anterior. En vez de la habitual política monetaria restrictiva, se inyecta la liquidez al sistema económico, a riesgo de validar presiones inflacionarias; en vez de satisfacer las necesidades gubernamentales de financiamiento con deuda interna, se abren las espitas al endeudamiento con instituciones financieras internacionales; en vez de presupuestos equilibrados a ultranza, se admite gasto deficitario en infraestructura, en la banca de desarrollo o en el servicio de la deuda externa, a pesar de la declinación de los ingresos tributarios; en vez de soluciones de mercado, se reavivan las funciones intervencionistas de la banca de desarrollo en la ayuda o rescate de empresas estranguladas. Los cambios de dirección de las políticas públicas no son en sí mismos criticables. Ante situaciones difíciles se impone imprimir flexibilidad a las acciones de gobierno. Lo que merece censura es la ausencia de planteamientos integrales y el reconocimiento de que los mercados no se autocorrigen sin apoyo estatal. Todavía está ausente la revisiónde los sistemas regulatorios y los incentivos y desestímulos a los bancos, organismos financieros y empresas para ajustar su comportamiento a las directrices gubernamentales de combate a la crisis. Cabría recomendar acciones públicas concertadas con el sector privado, sin olvidar la defensa de la economía popular: 1. Implantar cambios regulatorios encaminados a ampliar y abaratar el crédito bancario a la producción por parte de la banca comercial. 2. Convenir con la misma banca comercial la reconstitución del crédito interbancario y el desarrollo del crédito corporativo a las empresas nacionales grandes, así como el establecimiento de restricciones a la transferencia indiscriminada de recursos y utilidades al exterior. 3. Hacer que la banca de desarrollo ensanche sus programas de crédito a la producción y al financiamiento conjunto de inversiones frescas con la iniciativa privada. 4. Responsabilizar al Banco de México no sólo de la estabilidad de precios, sino también de la recuperación y el desarrollo. 5. Revisar críticamente el régimen comercial con los países o bloques donde se registran los mayores déficit (Alemania, Italia, China, Corea, Japón), a fin de negociar financiamientos compensatorios o examinar las ventajas de invocar las cláusulas de salvaguarda de los tratados de libre comercio. 6. Establecer protecciones mínimas al ahorro de los trabajadores en las afores, las comisiones debieran absorber en alguna proporción las pérdidas de los fondos de pensiones y proteger la propiedad inmobiliaria adquirida con crédito de quienes quedan desempleados. 7. Ampliar la cobertura del seguro sobre depósitos a fin de crear un clima de certidumbre y prevenir corridas bancarias riesgosas. 8. Acrecentar el gasto público para hacer creíble la política anticíclica y financiar las erogaciones asociadas al rescate de empresas, a las funciones ampliadas de la banca de desarrollo, al combate a la pobreza creciente o al aumento del servicio de la deuda pública externa. 9. Alterar los enfoques de la política cambiaria. En las nuevas circunstancias buscar un peso fuerte desalienta la producción interna y la exportadora, aparte de ya haber perdido sus atractivos para atraer capital de corto plazo. Aceptar un tipo de cambio realista frente a las fallas estructurales del comercio exterior es esencial para sustituir con eficiencia importaciones y fomentar las ventas foráneas. Al tiempo, debía instaurarse un sistema de alerta temprana a partir de un calendario conjunto de vencimientos de la deuda privada y de la pública con el exterior a fin de evitar shocks cambiarios y cubrir, ex ante, hasta donde sea posible, la escasez de divisas. 10. Revisar los sistemas de supervisión financiera. El manejo de riesgos y las prácticas establecidas suelen ser inadecuados. Las operaciones escapan de los controles nacionales al realizarse en el exterior o a través de instituciones con matrices fuera del país. De otra parte, no siempre basta el uso de instrumentos generales para que fluya el crédito a las empresas o se abaraten los préstamos. Cuando esas tasas son muy bajas, reducirlas aún más no tiene mayor efecto en la economía ni en la disposición de los bancos a prestar. Con frecuencia, es necesario implantar regulaciones más estrictas, establecer penalidades tanto como estímulos y convenir acciones conjuntas con los actores involucrados. En casos extremos, vencer la resistencia de los bancos a prestar obliga a los estados a intervenir directamente, sea a través de nacionalizaciones o transformando los apoyos en participación accionaria. Este último expediente comienza a reconocerse en Europa y, en alguna media, en EU. 11. Subordinar las metas de las políticas públicas a la tarea fundamental de combatir el receso económico y garantizar el financiamiento a la producción. Salir de la crisis lleva a la implantación de cambios institucionales y cubrir los costos inevitables del ajuste.
Las acciones propuestas siguen a tres ejes racionalizadores principales: impedir la generalización depresiva del sector productivo mediante la instrumentación de medidas de respaldo al sector empresarial; limitar los daños a los pobres, a la economía de las familias, de los depositantes y de los prestatarios inmobiliarios; y asentar la matriz orientadora de las políticas públicas a combatir el desborde de las crisis en desempleo, menor inversión o volatilidad cambiaria. Por supuesto, la dosificación de las acciones, la fijación de prelaciones sustantivas y en el tiempo requieren trabajos más precisos y, en especial, concertar acuerdos con empresas, sindicatos y legisladores. Prevenir un colapso de proporciones mayores implica acertar en el diagnóstico, ganar respaldo ciudadano y evitar políticas parcializadas e improvisaciones que sólo acrecientan la volatilidad de los mercados y la incertidumbre prevalecientes.
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