La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que presentará una denuncia en la PGR por cientos de quejas contra Neoskin. Los empleados de la empresa acumulan más de 150 denuncias en la Junta de conciliación y arbitraje de Nuevo León, la mayoría en busca de su finiquito, pues la dueña, Guadalupe Garza Martínez, huyó.

Profeco tiene, básicamente, dos formas de actuar en favor de los consumidores. Una, a través de información para prevenir a clientes sobre el historial de las empresas y, segunda, la reparación del daño por medio de la gestión de sentencias judiciales contra las compañías que no cumplen lo ofrecido. El caso Neoskin pone a prueba ambas.

Entre el 22 de enero y el 9 de febrero de 2007 la Profeco realizó un sondeo de establecimientos especializados en “fotodepilación” publicado en la Revista del Consumidor de mayo de ese mismo año. No se habla de irregularidades; sólo se precisa que Neoskin no realiza evaluaciones clínicas antes de sus tratamientos. ¿Podía Profeco haber advertido a los ciudadanos sobre la poca seriedad de esa empresa? Lo sabremos hasta conocer a detalle las quejas de los clientes.

En la publicación se señala que el contrato de servicio de la compañía debe estar registrado ante Profeco y precisar “la compensación en caso de que el servicio no se preste conforme a lo acordado previamente en el contrato, así como la responsabilidad del establecimiento por los daños ocasionados por negligencia de los prestadores del servicio”. Es decir, la procuraduría tendría que contar ya con los elementos para probar la culpabilidad de la empresa ante un juez.

Meter a la cárcel a los responsables —como acaba de ocurrir en otro fraude masivo— con la empresa PubliXIII no es suficiente.

Profeco reconoce que le falta dinero para tener abogados, el Congreso mantiene sin aprobar iniciativas de ley para que los consumidores puedan organizarse y presentar una demanda común; además, se carece de reconocimiento legal y apoyo financiero para grupos de ciudadanos que defiendan sus derechos contra los abusos de las empresas.

El papel de los gobiernos será hallar a los responsables y trabajar para que los afectados recuperen pronto sus pérdidas, en tanto los legisladores garantizan derechos del consumidor aún indefensos.

Los bancos y el crédito

México representa uno de los países más lucrativos para las instituciones bancarias transnacionales, dueñas de casi todos los bancos con operaciones en territorio nacional.

En concordancia con ese hecho las empresas se dedicaron los últimos años a promover tarjetas de crédito con tal descuido que la morosidad llegaría a cerca de 10%.

Hoy los bancos mexicanos autorizan, en promedio, 30% de las solicitudes para obtención de tarjeta de crédito. Hace seis meses, la desaprobación era de 50%, mientras que en 2005 se aceptaban alrededor de 70% de las peticiones.

Las pérdidas de los banqueros por la morosidad se justifican dada la ‘borrachera’ en el otorgamiento de créditos al consumo; sin embargo, los préstamos a proyectos productivos deberían mantenerse pues su ausencia afectará el corto y largo plazo del desarrollo en el país.

Aunque es posible hacer un buen negocio en México con base en el simple cobro de comisiones, también hay una responsabilidad social que el gobierno debería promover sobre empresas que mucho han obtenido de este país.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.