Se ratificó la decisión política fundamental de no privatizar la industria integrada, ni compartir la renta petrolera o el usufructo del mercado interno, impidiendo las burdas intentonas en refinación, ductos, almacenamientos y contratos de producción compartida; se liberó parcialmente a Pemex del yugo hacendario, aunque sus cuantiosas disponibilidades —que ahora sí se reconocieron— se destinarán a la recompra de pidiregas y no a la inversión; se logró una mayor participación del Congreso en la ratificación de consejeros y la formulación de la estrategia energética; se delimitaron las atribuciones de los formuladores de la política, los reguladores y el operador; se establecieron nuevos criterios y mecanismos para incluir a las energías alternativas y financiar la transición energética, etcétera.

Todo lo anterior se alcanzó gracias a la presión social y a la posición mayoritaria de los priístas, manifestada en los documentos básicos aprobados en Aguascalientes, sacando las discusiones de los oscuros conciliábulos y aireando los temas más evidentes.

Aunque el articulado y espíritu de las nuevas leyes se oponen contundentemente a la privatización, subsisten aún falta de transparencia y frases imprecisas en las exposiciones de motivos, que podrían dar pie a la hora de litigios o controversias constitucionales a interpretaciones legaloides sobre la intención del legislador; en ese sentido, afortunadamente se pudo impedir que deslizaran en la cámara revisora redacciones más permisivas. Como en todo proceso legislativo, las leyes son perfectibles y estaremos vigilantes para que así sea.

Ahora toca aprobar el Presupuesto de Egresos para 2009 y verificar si existe la visión de Estado y el deseo de proteger el bienestar de las mayorías o si privarán los intereses parroquiales y de corto plazo. Hasta ahora las autoridades financieras y económicas han reaccionado tardíamente frente a los acontecimientos con medidas que parecen insuficientes para paliar el vendaval.

El año entrante se agudizarán la falta de liquidez y créditos a las empresas, el alza en los costos, el regreso masivo de migrantes, la caída de las remesas, la disminución de las exportaciones y demás factores que incidirán en el desempleo y la caída de la demanda interna, por lo que a las medidas anunciadas por el gobierno habría que añadirles programas francamente anticíclicos que generen empleo en las zonas y sectores más necesitados. Además de regulaciones más estrictas, debe facultarse a las autoridades para canalizar el ahorro interno que manejan los intermediarios financieros para financiar la producción y reducir el costo de los servicios que prestan.

Ahora viene la etapa crítica de la reforma energética, que es hacerla realidad con trabajo, productividad y amor a la camiseta, vigilando que la burocracia y las nuevas facultades no ahoguen a Pemex. Asimismo, debemos cuidar que el presupuesto de egresos y las medidas financieras sirvan efectivamente para afrontar la crisis, acompañadas de austeridad en el gasto corriente e incentivos a la inversión y el empleo.

Analista político

Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y como presidente del Patronato de la UNAM. Actualmente es, además, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., presidente del Consejo Corporativo de la Fundación Solidaridad Mexicano Americana A.C., y presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural México-Israel, A.C.