No obstante, la historia de la lucha por el sufragio femenino se remonta hasta finales del siglo XIX: un grupo de mujeres agrupadas en torno a la revista Violetas de Anáhuac lo reivindicó, junto con la igualdad de oportunidades, la instrucción y la protección de la infancia. A pesar de las voces a favor de los derechos de las mujeres de varios líderes revolucionarios en el siglo XX, así como de la participación femenina en la Revolución, la Constitución de 1917 no recogió sus derechos políticos. El movimiento magisterial de las primeras décadas de la pasada centuria, del Congreso Feminista de Yucatán, o los congresos de obreras y campesinas realizados con posterioridad y con amplio eco social, tampoco parecieron influir lo suficiente.

Ni siquiera el régimen cardenista dio el paso pese a la movilización de mujeres entre 1935 y 1938, agrupadas en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Si bien se discutió el tema en el Legislativo, el presidente Lázaro Cárdenas retrocedió, seguramente bajo el temor de que el voto femenino fuera conservador, y aunque aprobado en la Cámara, quedó sin efecto al no ser publicado en el Diario Oficial.

El reconocimiento del sufragio femenino nace con la reforma al artículo 34 de la Constitución. En 1974, con la reforma del artículo cuarto, adquirimos la igualdad jurídica: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. Hoy hay mujeres en todos los niveles de gobierno y en cargos de muy diversa índole. Como ejemplo está la media de participación en el Legislativo federal, que ronda 22%; el promedio de la presencia en los parlamentos de los estados es de 15%. Y la presencia femenina en las presidencias municipales es de alrededor de 2%.

Hay que añadir que no ha habido presidentas, pero en la historia reciente tres han sido las candidatas presidenciales: Rosario Ibarra de Piedra y Cecilia Soto en 1994 y Patricia Mercado en 2006. Además, hoy tenemos ya a la quinta gobernadora en la historia del país, Ivonne Ortega en Yucatán (PRI), sin olvidar a Amalia García Medina en Zacatecas (PRD). Con anterioridad lo han sido Griselda Álvarez Ponce de León en Colima (1979), Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala (1987), y como interina en Yucatán Dulce María Sauri (1991), todas por el PRI.

Sin embargo, aunque todavía existen obstáculos y limitaciones, ha habido un avance numérico en la participación que tienen las mujeres dentro de la política; por ejemplo, existe 17% de presencia femenina en los legislativos del mundo y 16% de mujeres al frente de los ejecutivos de sus respectivos países —la cifra más alta de la historia.

Al parecer, otras cosas están cambiando: la creación de instituciones específicas, reformas electorales, cambios en las legislaciones favorables, en la opinión pública y en la mirada de la política.

Sin ir más lejos, en América tenemos dos presidentas: Michelle Bachelet (2006) en Chile y Cristina Fernández (2007) en Argentina, y se habla de futuras candidatas en Brasil y Uruguay. Los legislativos latinoamericanos son los espacios donde se ha incrementado de manera más notable la presencia femenina en los último años. Hoy es de 21%; incluso Costa Rica tiene 37% de legisladoras y Argentina, 40%. Qué duda cabe del avance cuantitativo y cualitativo de la presencia y participación femenina en el mundo y en nuestro país.

Profesora de Humanidades de la UAM-Xochimilco

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