Han sido años de omisión y descuido institucional que fueron incubando los gérmenes de la violencia y la impunidad, que hoy nos tienen privados del derecho más elemental, que es el de la seguridad.

El Acuerdo Nacional es también consecuencia del reclamo, del hartazgo y la movilización de ciudadanos y, con justicia, puede ser una herramienta y punto de partida para la construcción de una real política de seguridad pública de Estado.

Siguiendo la máxima de que quien no conoce la historia está obligado a repetirla, recordemos que no es la primera vez que asistimos a manifestaciones y eventos de reclamo social en demanda de seguridad.

En agosto de 1998 el presidente Ernesto Zedillo hizo un llamado a combatir la inseguridad y convocó a la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia. No hubo resultados.

Seis años después, el 27 de junio de 2004, tuvo lugar una marcha multitudinaria para reiterar el reclamo de seguridad y tampoco hubo resultados tangibles. Por el contrario, como un reflejo del discurso inmediatista, el 16 de agosto siguiente, es decir 50 días después, el presidente Vicente Fox tuvo el atrevimiento de manifestar que se habían cumplido las 10 demandas presentadas en esa movilización.

En ambas ocasiones, los ciudadanos fuimos defraudados. Lo fuimos porque confiamos en la buena voluntad de las autoridades, considerando que atenderían sus deberes constitucionales. Hoy hemos aprendido. No basta el pronunciamiento público, queremos participar activamente para monitorear su cumplimiento, para erradicar la corrupción y aumentar la eficiencia.

El presente acuerdo sigue siendo omiso en algunos temas y por lo tanto perfectible pero, por primera vez, se pone nombre y apellido a los responsables de atender los objetivos y se comprometen tiempos perentorios. No es suficiente, pero debemos aprovecharlo y hacerlo con seriedad, método y responsabilidad.

En México Unido contra la Delincuencia, AC, hemos hecho sinergia con la UNAM, UAM, IPN, Colmex, UIA, ITESM y Universidad Anáhuac, instituciones de educación superior de primerísimo nivel y con otras organizaciones de la sociedad civil para dar cauce a un ejercicio de monitoreo y evaluación del grado de cumplimiento de este acuerdo a los 100 días de suscrito y luego de forma permanente. Hemos sido testigos de cómo algunas instituciones ya comienzan a moverse, con distintas velocidades, pero con el afán de atender los compromisos que hace mucho tiempo tuvieron que haber sido cumplidos.

Con cautela creemos estar en un momento histórico y debemos participar desde la escuela, la casa, la oficina y ayudar a supervisar la gestión pública, como un principio de orden y corresponsabilidad en la construcción de una política de Estado que derive, en 100 días… ¡y los que sean necesarios!, en un entorno de concordia, tolerancia y respeto a la legalidad.

Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.