Es urgente modificar nuestro diagnóstico sobre la capacidad de respuesta del régimen político. Con el arreglo que hoy tenemos, no sólo es muy difícil echar a andar soluciones eficaces a los problemas graves e inminentes del país, sino que cada nuevo paso genera, a su vez, nuevas dificultades.

La evidencia comparada nos dice que todas las democracias jóvenes enfrentan procesos de adaptación complejos y periodos más o menos largos de reforma. Pero también nos muestra que en ausencia de un proyecto democrático bien establecido, las fuerzas políticas pueden neutralizarse hasta quedar literalmente varadas, mientras los problemas públicos van creando el caldo de cultivo para una nueva ruptura del proceso.

En América Latina, la desesperación producida por esa incapacidad para resolver problemas públicos ha conducido al renuevo de las opciones de talante autoritario, mientras que en otros continentes ha fracturado la viabilidad de varios estados y en algunos casos ha producido nuevas espirales de violencia.

La democracia no siempre ha conducido a la estabilidad, a la riqueza y a la igualdad de los pueblos que la instauran. De modo que el optimismo democrático con el que terminó el siglo XX mexicano debe aprender de esas lecciones para moderar su entusiasmo irreflexivo.

No es cierto, por ejemplo, que los acuerdos celebrados por la llamada sociedad política equivalgan siempre a las mejores soluciones disponibles. Nos estamos resignando a dos falacias: que la representación política vigente refleja con exactitud los intereses de la sociedad y que, por ello, cualquier decisión tomada entre partidos es la mejor posible. Cansados del conflicto y de la polarización, y aun llevados por la mejor intención de consolidar la democracia, celebramos cada nuevo acuerdo con el júbilo de los enamorados. Cuesta tanto llegar a lo que sea, que el contenido de las decisiones acaba por importar menos que el acuerdo mismo.

Pero son falacias: no es verdad que nuestra sociedad política esté respondiendo a la altura de la dimensión, mucho más grande y compleja, de la sociedad en su conjunto. Ni mucho menos que sus soluciones sean plausibles y de largo aliento, sólo por el hecho de que los partidos lograron entenderse. Por el contrario, las últimas reformas (en materia fiscal, electoral y petrolera, por lo menos) demuestran, una tras otra, que se pudo hacer más y se consiguió lo menos, desde cualquier punto de vista. La dictadura del posibilismo partidario ha reducido todas las expectativas de la democracia, hasta su mínima expresión.

Podríamos apostar por la paciencia y suponer que, poco a poco, esa dinámica irá modificando la capacidad del régimen para afrontar problemas y ofrecer nuevos horizontes. Podríamos suponer que el cambio democrático (igual que la lucha contra la pobreza) será producido por goteo.

Pero tengo para mí, con sincero pesimismo, que los partidos seguirán celebrando la conquista parcial y fragmentada de sus intereses inmediatos para saciar a sus clientelas, mientras el Estado mexicano se atrofia entre sus redes. Por eso, urge ya cambiar nuestro diagnóstico.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.