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México D.F., a 28 de octubre de 2008 | 11:43 PM

Germán Martínez Cázares
Pemex
28 de octubre de 2008


La reforma a Pemex, en trámite legislativo, es un paso correcto en la dirección correcta. Aunque el consenso no es Dios.

Pasos firmes en transparencia, en autonomía de gestión, en manejo de las finanzas, en diseño institucional y en flexibilización de algunos contratos para multiplicar la capacidad de ejecución de varios proyectos petroleros son frutos de esta reforma petrolera.

“Chiquita” e incluso “microscópica” les parece a varios analistas que prefieren ver el vaso medio vacío, minimizando concretamente el nuevo sistema de contratación y los mecanismos de rendición de cuentas a que estará sujeta nuestra empresa petrolera.

La cantaleta privatizadora resultó un gran molino de viento contra el que luchaba López Obrador. Ahora tendrá que construirse otros gigantes, entre los que incluya a todos los legisladores perredistas que votaron a favor de la reforma a Pemex. El autodenominado Movimiento en Defensa del Petróleo tendrá, ahora, que buscar un nuevo resentimiento como alimento de su rebaño.

El discurso derrotado, la posición política fracasada es aquella que pedía en meses pasados el “retiro de todas las iniciativas de reforma a Pemex”.

No fracasó el avance, no perdió la ruta de salida de una marcha larga de modernización y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos.

Por supuesto, quedaron pendientes en el tintero. Por supuesto, no se resolvió tal y como la hubiera querido o aprobado el Partido Acción Nacional, en el caso de tener mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Pero tampoco se puede culpar al PAN por no sacar una reforma, cuando los ciudadanos en la elección pasada no le dieron toda la confianza a su programa electoral; por el contrario, le ordenaron dialogar, pactar y acordar con otras fuerzas políticas esa y otras reformas.

Sin embargo, sí debemos poner una nota de alarma, una alerta clara, en la manera en que se aprobó esa reforma. Me refiero concretamente al famoso y sobrevalorado “consenso”.

Idolatrar al consenso como único método para legislar es lisa y llanamente un peligro. Es una trampa que le restará valor futuro, sin fundamento democrático, a una mayoría parlamentaria sin consenso, porque le entrega a una minoría el supremo valor de “legitimar” una decisión política.

Estamos en la puerta peligrosa de confundir “consensuar” con “legislar” o, peor aún, con “gobernar”. No cruzar ese umbral es un desafío de nuestra democracia.

Precisamente, en vacilar del valor de las mayorías parlamentarias y, al mismo tiempo, adorar el consenso, en ese titubeo radica la fuerza de movimientos como los de López Obrador.

Las mayoría parlamentarias sin consenso no son vergonzosos actos de exclusión o imposición; son y deben seguir siendo actos tan soberanos y firmes como una unanimidad parlamentaria.

Hace tiempo, en un análisis crítico al sistema federal alemán, Thomas Darnstädt, profesor de la Universidad de Frankfurt, advirtió contra esa “placentera” forma de hacer política y dejó constancia de que el consenso puede ser una “trampa” para la democracia (La trampa del consenso, Trotta).

En conclusión, la reforma a Pemex es buena por el fondo, por los pasos firmes en la dirección correcta de modernizar a Pemex, no necesariamente por el consenso parlamentario, tan felicitable como prescindible.

¿Sería para aplaudir el consenso parlamentario que desapareciera las garantías individuales de los mexicanos?

***

Don Luis H. Álvarez cumplió 89 años, es constructor de nuestra democracia y ejemplo generoso de verticalidad incorruptible. Felicidades.

Presidente nacional del PAN

  Acerca del autor

Nació en Quiroga, Michoacán, en 1967. Se graduó como abogado en la Universidad La Salle. Realizó estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, así como una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.

Ha sido en dos ocasiones diputado federal en la LVII y LIX Legislatura. En esta última Legislatura fungió como coordinador adjunto del grupo parlamentario de Acción Nacional.

En los proceso electorales de 2000 y 2006, fue representante del Partido Acción Nacional ante el IFE.

Al inicio de la actual administración, fue designado secretario de la Función Pública, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2007, cuando renunció para contender por la presidencia nacional del PAN.

El día 8 de diciembre de 2007 fue electo por el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional para el período 2007-2010.

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