Para que una negociación fructifique es necesario que las partes moderen o cedan en sus pretensiones. Nadie pierde, todos ganamos. De otro modo, no hay consenso.

Si algo hay plausible en este proceso es la apertura de la discusión, en la que participaron representantes de los gobiernos federal y estatales y de partidos, pero también científicos y técnicos, académicos y ambientalistas.

El debate involucraba no solamente asuntos financieros, sino también ideológicos, como cerrarse a cualquier tipo de inversión privada o negar la capacidad de Pemex para gestionar sus propios recursos de manera eficiente.

El amago con la violencia —por las posiciones no defendidas en la tribuna legislativa— debe cesar. La demanda de diálogo de todas las partes se cumplió y ninguna de las iniciativas de los tres principales partidos políticos se impuso a las demás.

Todos los argumentos de las diferentes fuerzas políticas fueron cuidadosamente considerados en este proceso de conciliación que vimos cómo se fue concretando paso a paso.

La ciudadanía llama a los partidos a que actúen por encima de sus pretensiones electorales. Llevar el debate al terreno del “todo o nada” es violar ese principio ético.

En materia política ha sido muy accidentado el camino a una reforma. El desgaste de los actores involucrados ha elevado mucho el costo de una adecuación legal poco ambiciosa.

El riesgo es que las reformas sean insuficientes para la empresa petrolera que necesitamos, con autonomía de gestión, recursos para crecer, aumentar las reservas y promover otras fuentes de energía, y menos compromisos hacendarios, sindicales, políticos y de subsidios.

Otra modificación legal también polémica, la fiscal, consiguió dar un poco más de recursos a la administración pero mantiene la desigualdad en la recaudación. Pemex podría seguir esos pasos: éxito a corto plazo, fracaso estructural.

Hay que buscar la reforma posible y, al mismo tiempo, una que valga la pena.

Crisis económica y calidad del empleo

Cerca de 20 millones de personas están al borde del desempleo en el mundo por la crisis financiera global, dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los gobiernos pueden mitigar el impacto por medio de créditos, reducciones fiscales y otras medidas, pero en gran medida el destino de gran parte de los trabajadores dependerá de las consideraciones presupuestales de las empresas.

Tan importante es velar por los empleos como procurar que la calidad de los mismos no se rebaje. Los estados también deben supervisar la actuación responsable de las empresas y, en determinado momento, condicionar los apoyos frente a la crisis a un compromiso con el empleo de los trabajadores.

Y es que, de acuerdo con la OIT, para reducir sus costos algunas compañías recurren, además del despido, a un empleo de tipo “no estándar”; es decir, temporal y con menor salario que el normal.

La estrategia del gobierno, dice el presidente Felipe Calderón, “es no permitir que se detenga la economía mexicana, no permitir que se frene la actividad económica, no permitir que se dañe la planta productiva del país, no permitir que se pierdan empleos”. Es urgente.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.