Los ciudadanos de a pie, los que han sido convocados a ahorrar al mismo tiempo que ven reducidos sus magros salarios o canceladas sus plantas de trabajo al ritmo que aumentan los precios de la comida y de la gasolina, son austeros de nacimiento.

Quienes están en el gobierno, y que disponen de los recursos públicos, son más renuentes a limitar sus gastos, especialmente los corrientes sueldos, prestaciones, servicios de celulares, automóviles y aviones, equipo y personal de apoyo y gastos médicos especiales, cuando no les satisfacen los que ampara su seguro y prefieren mandar a sus cónyuges a Chicago.

De entrada, el presente gobierno se estrenó con un bienvenido programa de austeridad, por un año. No se sabe que haya sido efectivo.

Hoy visiblemente disminuyen los ingresos, pero parte de ellos —por ejemplo, los derivados de las exportaciones de petróleo— son invisibles y pueden administrarse a discreción. Tenemos relativo control de los egresos, pero de los ingresos sabemos menos.

La Cámara de Diputados está firmemente dispuesta a imponer mesura en los egresos, pero del Poder Ejecutivo. Los diputados suelen consentirse con el gasto. Todavía no hablan de poner tope a los descomunales gastos de la propaganda electoral, cuyo proceso ya empezó, que se hace con el tesoro público provisto generosamente a los partidos políticos para agrandar figuras que por sí solas no dan el ancho.

Los legisladores se paralizan de terror cuando hay que poner orden en la política fiscal, que permite que los más ricos, los dueños de los monopolios, paguen proporcionalmente menos impuestos que un trabajador o un profesional. Una inteligente y justa reforma fiscal, que haga equitativas y fáciles de pagar las contribuciones y estimule la inversión, puede ayudarnos en estos tiempos de azarosas trayectorias.

Pero, naturalmente, se requieren talento político y voluntad, elementos que, como muchas otras cosas, también andan muy escasos por ahora.

¿Otro país latinoamericano?

El español, a querer o no, es la segunda lengua de Estados Unidos, que también a querer o no se ha convertido en un país de importancia en el mundo hispanoparlante.

Con 45 millones de hispanohablantes actuales y tal vez 135 millones en 2050, el impacto de los estadounidenses de origen latinoamericano dentro y fuera de ese país puede ser más que considerable.

Para todos los interesados hay consecuencias. Para Estados Unidos porque las tendencias xenófobas de parte de su población tienen el potencial de convertirse en situaciones de conflicto con la que sería una minoría oprimida.

Para España, América Latina y México en especial, porque Estados Unidos está en vías de convertirse en el segundo país hispanoparlante del mundo, sólo detrás de México y con un grupo social de origen hispánico que ya ahora tiene una capacidad económica similar a la mexicana.

Las implicaciones son francamente interesantes: ¿se aceptará a EU como un país no sólo americano sino latinoamericano? ¿Se aceptará a sí mismo como una nación con dos lenguajes? ¿Cómo será la relación entre los países latinoamericanos y la gente a la que expulsaron?

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.