No es información del Cisen, sino de un grupo alzado que vive la realidad cotidiana de la sociedad guerrerense. Por ello, es un hecho que los resultados electorales tienen que analizarse en el contexto de la participación de “carretadas de dinero” del narcotráfico.

México ha vivido dos grandes etapas en la estrategia de combate al narco. El régimen priísta se definió por lo que podría denominarse la estrategia del pacto de seguridad pública con los cárteles mexicanos. El PRI calificó a estas organizaciones como retos a seguridad pública, mas no de seguridad nacional. El narco no era una amenaza a la existencia del Estado, como la guerrilla. Bajo esta lógica, distintos secretarios de Gobernación fueron los encargados de reciclar o redefinir, sexenalmente, el pacto de “convivencia pactada”.

En la democracia, el Estado mexicano no puede dispensarle ese trato “político” y debe asumir que su único camino posible es definir al narco como un problema de seguridad nacional. No hacerlo sería evolucionar hacia un narcoestado. El gran yerro de Fox fue no atreverse a tomar una definición y permitió un sexenio entero de crecimiento del narco sin freno significativo. Calderón tuvo que enfrentar la amenaza que ocupaba espacios geográficos del territorio nacional. El narco le está arrebatando al Estado funciones básicas: cobra impuestos, impone su ley y ejerce la violencia institucionalizada. Las elecciones de Guerrero demuestran que la estrategia es deficiente.

Hace falta una estrategia de tercera generación para atacar el problema. La propuesta de legalizar la droga para fomentar su control por parte del Estado es, hoy, la que tendría que combinarse con el control de organizaciones delictivas que amenazan al Estado mexicano.

ricardopascoe@hotmail.com

Analista político

Miembro fundador del PRD y, durante mucho tiempo, uno de los hombres más cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas: colaboró en la campaña presidencial de 1994, como coordinador de Relaciones Internacionales, y en la local de 1997, cuando el ex gobernador de Michoacán compitió por la Jefatura de Gobierno del DF. Además, fue miembro del CEN perredista de 1989 a 1999 en las administraciones de Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Fue delegado en Benito Juárez durante el periodo de Rosario Robles y, en diciembre del 2000, a pocos días de que Vicente Fox asumió el poder, fue nombrado embajador de México en Cuba. Al dejar su cargo, contendió por el partido México Posible para la jefatura delegacional en Benito Juárez.