La segunda Legislatura de un sexenio tiene menos tiempo inaugural que la primera; en ella cada día está colocado en un tablero de acciones electorales específicas para la sucesión presidencial. Es una vergüenza que así sea, pero hasta ahora esa ha sido la realidad, mientras no haya una transformación profunda del sistema representativo.

De ahí que los esfuerzos inmediatos para hacer avanzar causas legislativas vinculadas con los intereses ciudadanos serán fundamentales para acreditar a quién representan realmente nuestros representantes. No debe verse como inútil la insistencia ciudadana a sus legisladores para cumplir con su responsabilidad. Se puede lograr que algunos proyectos se aprueben por lo menos en una cámara, o cobrar mediante la sanción de la opinión pública la negligencia y el abandono. Y cualquiera de esos dos hechos debieran ser parte de la agenda social frente a las próximas elecciones.

Sin desconocer la importancia de la reforma electoral —que se produjo para recuperarle poder a los partidos frente a las televisoras—, no es bueno el balance de esta Legislatura en cuanto a las prioridades que ha privilegiado; sin duda, el ámbito de los derechos del ciudadano común es el más desdeñado. Y entre los intereses del Estado y los de los poderosos grupos corporativos, económicos y sindicales, han mandado estos últimos. No es difícil llegar a esta conclusión si nos vamos tema por tema, casi a la par de la manera en que el presupuesto público divide y clasifica los grandes conceptos del gasto público. Esa comparación entre rubros presupuestales, iniciativas y reformas aprobadas muestra cómo se quedaron en el tintero los propósitos y/o iniciativas en torno de proyectos que buscaban modificar la relación del ciudadano frente al poder.

La ley de medios es un ejemplo de esa indolencia legislativa, que no pudo concretarse ni siquiera en iniciativa por quienes prometieron presentarla hace un año y tres meses. Pero tampoco las iniciativas que tuvieron impulso de destacados legisladores han caminado por mejor sendero, como la que busca instaurar las “acciones colectivas” y que ensancharía una vía fundamental de acceso a la justicia en nuestro país para millones de mexicanos, en el ámbito del consumo, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el patrimonio histórico o cultural, entre muchos otros.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN). Ex candidato a gobernador del estado de Chihuaha por la coalición PAN-PRD-Convergencia. Actualmente es uno de los principales impulsores de la Nueva Ley de Radio y Televisión que se discute en el Senado. Fue diputado plurinominal por el PAN y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la LVII Legislatura. Ir a la Página de Javier Corral