Según se sabe, la mayoría rechaza los contratos de riesgo de producción compartida, sharing production contracts, porque implicarían modificaciones constitucionales al estar ligados a reservas, producción o precios de venta. Otros pretenden posibilitar la celebración de cierta clase de contratos de riesgo de servicio, risk service contracts, para toda clase de obras o servicios, mediante términos indefinidos, cláusulas imprecisas y otras rendijas legales.

La retribución del riesgo en estos contratos está en la determinación de los costos, que las grandes empresas pueden inflar a su conveniencia ya que cuentan con mayor experiencia y recursos técnicos y jurídicos que Pemex, alegando avances tecnológicos, nueva información surgida en la ejecución del proyecto etcétera, máxime si se les permite, además, revisiones, sugerencias y otras formas de modificar términos y montos de los contratos. Tantas indefiniciones impedirían establecer un precio cierto, lo cual podría prestarse incluso a corrupción.

Pemex requiere formas modernas de contratación y de gestión; pero hay presiones para darle una amplia y completa discrecionalidad para que norme sus adquisiciones, obras y contratos, anteponiendo a lo dispuesto por las leyes vigentes lo que el Consejo de Administración o un comité determinen al respecto, en lugar de modificarlas para adecuarlas a las necesidades del organismo. Además, no se garantiza la plena transparencia de dichos actos, disminuyendo la intervención del Legislativo y de la sociedad en su prevención o corrección.

Esto es peligroso dada la debilidad de nuestras disposiciones regulatorias y sistemas de control y fiscalización. Ya se tuvo la experiencia del Fobaproa y lo que nos sigue costando; y ahora vemos que en el origen de la crisis financiera de Estados Unidos están, entre otras, la debilidad de las regulaciones y la falta de control ocasionados por el fundamentalismo económico de suponer que el mercado se autorregula, combinado con la avaricia y el lucro de los actores financieros.

Repetir estas situaciones en Pemex, de discrecionalidad y huecos legales, es arriesgarnos a perder el control de una institución clave para todos los mexicanos.

La recesión económica que ya resentimos en la pérdida de exportaciones, remesas, turismo, inversiones y escasez y encarecimiento del crédito acrecentará el desempleo, la merma de ingresos y la intranquilidad social. Debemos evitar crear una situación riesgosa aprovechable por quienes quieren ver debilitadas o inermes a las instituciones; cuidado con victorias pírricas que pueden arrojarle más gasolina a la hoguera.

Es el momento de reorientar la política económica y social abandonando recetas superadas y forjando un pacto nacional en torno a objetivos claros y precisos, para evitar mayores problemas políticos y económicos.

Analista político

Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y como presidente del Patronato de la UNAM. Actualmente es, además, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C., presidente del Consejo Corporativo de la Fundación Solidaridad Mexicano Americana A.C., y presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural México-Israel, A.C.