La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunidos ahora en Madrid, confirmó lo que ya sabemos: la espiral de violencia en México se ha agravado en los últimos años y ha colocado entre sus blanco principales a los periodistas.

No es que los periodistas pretendamos un imposible estatus de impunidad ante los criminales, es que éstos buscan liquidar una libertad sustantiva que es derecho constitucional: la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a saber qué pasa, por qué ocurre y qué se está haciendo para corregir la situación, es decir, para poner orden y vivir en paz.

Los mafiosos actúan indiscriminadamente, hacen víctimas a niños y mujeres, y van contra la prensa en un ciego y estéril afán de acallarla. Por cada periodista que cae, otro se levanta.

Fue tristemente emblemático que la reunión de Madrid comenzara con un minuto de silencio en memoria de los ocho periodistas latinoamericanos abatidos, entre ellos las jóvenes reporteras indígenas Teresa Bautista Flores y Felícitas Martínez, de 24 y 20 años, de la radio comunitaria triqui “La voz que rompe el silencio”, de Oaxaca, y el locutor Alejandro Fonseca, de Villahermosa, Tabasco.

Son los atentados más graves, pero no los únicos. La gente de prensa ha padecido agresiones, han sido despojados de sus cámaras fotográficas y han visto sus casas ser acribilladas en acciones de intimidación regular.

Tiene sentido que narcotraficantes y autoridades coincidan en ocasiones en querer evitar que cierta información se haga pública. En ambos campos hay temor a ser exhibidos en sus prácticas o en sus omisiones y deficiencias.

Lamentablemente, en algunos casos, el acoso ha surtido efectos y algunos diarios de la frontera norte han optado por prescindir de las noticias de la problemática criminal, que difícilmente encuentra barreras de contención.

Estamos en guerra y por tanto sería conveniente que los periodistas evaluáramos cómo contener la propaganda del crimen organizado a través de los medios, para que sus mensajes no tengan destino.

Sin embargo, esa labor no debe implicar el callarse cuando hay muestras de corrupción o incompetencia en los gobiernos. Se critica a las autoridades no para beneficiar al crimen, sino para corregir los errores que, al final y al margen de la opinión pública, benefician más a los delincuentes.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.