Pero no basta la coexistencia plural de mayorías y minorías en las cámaras del Congreso. Menos aún cuando el Poder Legislativo está convertido en escenario de disputas por el poder, soterradas o abiertas, entre los grupos políticos tradicionales, lo que deja en un segundo plano, cotidianamente, la representación ciudadana y los importantes compromisos políticos y sociales que de ella derivan.

Sencillamente se deja de legislar. Los proyectos de ley o de reformas avanzan o se congelan sometidos a los intereses de las fuerzas dominantes. No se traducen en políticas públicas las aspiraciones sociales y de ello deviene un pernicioso mandato por obediencia, el autoritarismo, el gobierno por decreto y el repliegue de todo ejercicio democrático. Inseguridad, desempleo, vulnerabilidad comercial, todos los graves problemas por los que atraviesa el país exigen acciones corresponsables. Ciertamente, la responsabilidad mayor recae en el Ejecutivo, a quien la Constitución le tiene señaladas obligaciones inequívocas y explícitas. Y al lado del Ejecutivo, en respetuosa coordinación con él y lejos de subordinaciones vergonzantes, el quehacer de los otros poderes: el Legislativo y el Judicial.

Por su parte, los ciudadanos han acreditado sobradamente su generosa y espontánea solidaridad ante las calamidades. Lo ejemplar es que esta solidaridad se produce en sectores de la sociedad agobiados por la brutal desigualdad económica y social que padecen los mexicanos, golpeados todos los días por la pobreza y las carencias elementales. “Donde comen dos, comen tres”, dicen nuestros compatriotas, y con esa vigorosa y mágica resolución del carácter y del espíritu se unen y tienden la mano a quien la necesita.

Pero volvamos a la corresponsabilidad del Poder Legislativo y a la imposibilidad de que avance el país si la obligación de legislar es anulada por querellas que resultan inútiles para la sociedad, si y la necesaria colaboración entre los poderes de la Unión, con miras al bienestar colectivo, es virtualmente saboteada por las disputas en el Congreso. Lo cierto es que, con el escenario actual, urge en México una nueva cultura parlamentaria, proactiva y creativa, que redimensione las relaciones institucionales y respetuosas, autónomas y productivas, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por el bien de la nación.

La pérdida del poder presidencial por el PRI en el año 2000 llevó a muchos de sus adversarios al festejo impertinente y a proclamar “la muerte del viejo régimen”.

Creo que se trató solamente de una expresión entusiasta y optimista, porque el fantasma se ha reoxigenado y sus vicios y prácticas caducas siguen rondando en la vida de la nación.

luismaldonado@senado.gob.mx

Senador de la República y presidente del CEN de Convergencia

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