Felicitaciones a Miguel Ángel Granados Chapa Hay analistas que consideran que la inseguridad pública va a ser solucionada pues es un fenómeno coyuntural y no estructural. Ningún indicio apoya esta visión defensora de la gubernamental guerra contra el crimen. Por ejemplo, el narcotráfico ha realizado cambios cualitativos y cuantitativos muy importantes en su accionar, como son: el acto de terrorismo contra la población en Morelia es algo inédito; antes el temor se propalaba vía torturados o decapitados; el cambio en cantidad lo muestra el aumento anual de narcoejecutados, que para este año hasta hoy arroja 3 mil 330 personas; el incremento del control territorial en ciertas regiones y la presencia en todo el territorio; el aumento de la base de apoyo social, de la capacidad bélica (comandos paramilitares, mejor armamento y tácticas) y de infiltración en las instituciones del Estado, la economía (campo, comercio, industria y finanzas) y la sociedad al margen de la condición económica o social; el impulso a la drogadicción desde la infantil pasando por la juvenil hasta adultos y asimismo a la narcocultura. Frente a este trágico escenario se insiste que las causas básicas de la criminalidad son la corrupción y la impunidad en ciertas instituciones del Estado, allí hay que dar la batalla para poder ganar la guerra anticriminal. Otros analistas insistimos en que corrupción e impunidad no son las causas, sino los efectos de un régimen político presidencialista y autoritario que toleró, pactó o en el mejor de los casos controló al crimen profesional, el cual se ha fortalecido exponencialmente en los últimos 25 años al margen de gobiernos nacionales monopartidistas o de alternancia. La respuesta gubernamental al panorama descrito ha sido el modelo incremental: a mayor delincuencia, mayor presupuesto para contar con más policías, mejor equipo y armamento y agentes judiciales (ministerios públicos, jueces, etcétera) con sueldos e instalaciones decorosos, cuando lo que se requiere no son más policías y jueces, sino mejores en el plano administrativo y operativo. Según el cálculo de Pedro Peñaloza, de 1994 a 2007 se ha gastado la escandalosa cantidad de 94 mil 300 millones de ¡dólares! para combatir la delincuencia sin que esto haya significado una disminución sustancial del índice delictivo (La Jornada, 24/IX/08). La propuesta de Calderón para el presupuesto federal de 2009 contempla un aumento de 20 mil 800 millones de pesos para seguridad pública, de un total de 102 mil millones, esto, en detrimento del gasto para educación, salud y seguridad social. La Secretaría de Seguridad Pública federal recibirá el mayor aumento: pasará de 20 mil 700 millones en 2008 a 31 mil millones en 2009. Su titular, en la pasada comparecencia legislativa, ante las críticas sobre la situación de inseguridad sólo atinó a decir que “hay un rezago histórico en las policías. Tenemos un deterioro estructural de años en la parte del perfil del policía. Esto nos obliga a cambiar lo que hoy tenemos de fáctico y discrecional, en lo que el ingreso se limita sólo a una evaluación que es referencial y no obligatoria en todo el país”. Lo histórico estructural es la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, los minisalarios, el desastre ambiental, la corrupción y la impunidad que reproduce de forma ampliada un sistema económico que genera inseguridad estructural. Los gobernantes sexenales priorizan la seguridad pública en detrimento de la seguridad social, laboral, educativa y ambiental. Urgen estadistas. jlpineyro@aol.com Profesor investigador de la UAM-A | 
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