En relación al artículo “Necesitamos mejores jueces”, escrito por el señor Gerardo Laveaga en este espacio, me permito hacer unas precisiones.

Doy por hecho que se refiere a jueces y magistrados (son los únicos que menciona), no a ministros. Su larga trayectoria profesional, incluso dentro de la Suprema Corte de Justicia, hace esperable que hiciera esas precisiones, porque un ministro de la Corte apenas por excepción tendrá que ver con el desarrollo de un proceso penal.

Es verdad que los jueces tienen responsabilidad en el tema de la seguridad pública, pero los jueces penales apenas se ocupan de 2% o 3% de los delitos que se cometen en México. Lo cual no puede ser reprochable a ellos. Las procuradurías son las encargadas de verificar que se detecten, investiguen y consignen el restante 97% o 98% de los delitos. No los jueces. Esa labor de investigación criminal, tomando en cuenta que él dirige el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por donde obligadamente deben pasar buena parte de los agentes ministeriales federales, también parece que le incumbe.

Pero, en todo caso, es necesario establecer que esa labor “timorata” de los jueces (Laveaga dixit) está limitada a un porcentaje mínimo de la delincuencia.

De la lectura de su artículo, pareciera que esos jueces de actuar reprochable actúan sin ningún tipo de vigilancia, como entes autónomos plenipotenciarios. Esto es inexacto. Los diferentes consejos de la Judicatura tienen la mira muy puesta en las actuaciones de jueces y magistrados. Incluso, en su momento, un consejero de la Judicatura del Distrito Federal resultó ser el más inmisericorde crítico del propio Poder Judicial del DF.

Todos los años se sancionan a jueces y magistrados, a unos con mayor rigor, a otros incluso con la cárcel. Si le parece que hay jueces timoratos en funciones, uno podría establecer una complicidad, al menos por omisión, de los consejos de la Judicatura. Lo cual no sucede. En tales consejos se reciben denuncias, incluso anónimas; se hacen visitas de inspección oficiosas (además de las obligadas por ley); se vigila con mucho detalle las actuaciones judiciales mediante programas de captura que obligadamente hay que hacer diariamente; entre otros mecanismos de control. En fin, la vigilancia es constante.

Menciona la “oscuridad” judicial. Los portales de acceso a la información muestran que el Poder Judicial federal es el órgano público con mayor transparencia. En el Canal Judicial se pueden ver las discusiones de los ministros, todos los días. Muchos mexicanos quisiéramos ver en directo cómo actúan los agentes del Ministerio Público y de la policía “científica” durante sus diligencias. Pero parece que no sucederá.

Durante la presidencia del ministro Góngora Pimentel, se hizo accesible por internet prácticamente todo el archivo histórico judicial federal. Además de las miles de solicitudes de acceso a la información judicial que cada año formulan particulares.

Sus restantes comentarios, de entre los cuales destaca que los jueces timoratos “fueron entrenados para cotejar folios y poner sellos; no para tomar decisiones a favor de la comunidad”, deben responderse bajo dos aspectos: las cargas de trabajo y las escuelas judiciales. Pero éstos no pueden contemplarse sin tocar una omisión de la reforma penal que en forma tan entusiasta él celebra: la independencia presupuestaria judicial.

Como cada año, deberá hacerse un cabildeo en el Congreso para ver cuánto presupuesto se asignará al Poder Judicial; el cual, generalmente, es menor al solicitado. Pareciera que los legisladores no contemplan los aumentos, en cantidad y complejidad, de los juicios penales, sino únicamente aspectos políticos.

Muchos países del mundo tienen destinados porcentajes fijos del presupuesto para el Poder Judicial. ¿Cómo entender la labor judicial si ésta depende del acuerdo legislativo de cada año que impide hacer programas a mediano y largo plazos? Sin independencia presupuestaria, la labor judicial está limitada. Y eso también incide en la seguridad pública. Por otra parte, no corresponde a los jueces tomar decisiones a favor de la comunidad. Las sentencias no buscan la aprobación popular o la aceptación de los medios de comunicación que pudieran “reflejar” las necesidades de la comunidad.

Es claro que en estos tiempos de indignación social por secuestros, atentados y otros delitos que siguen impunes, todos querríamos tener culpables en las cárceles (algunos incluso piden que los maten), pero no por ello dejaríamos de hacer valer las garantías de esos delincuentes, ni habremos de buscar chivos expiatorios para tener en calma a las buenas conciencias. La reforma penal es de corte claramente garantista.

En todo caso, sería útil que denunciara a esos jueces y magistrados “timoratos”. Eso también ayudaría a la seguridad pública que a todos preocupa.

Juez