La participación del Ejército Mexicano es tan pronunciada en la actualidad, que se hace necesario reflexionar sobre el tema y hacernos una pregunta central: ¿se debe replantear el marco constitucional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México? Yo considero que sí, para, de esta manera, encauzar sus operaciones.

De raíz, los fenómenos sociales y políticos están en su momento ideal e irrepetible como para llevar a cabo una reforma al artículo 129 constitucional, que dice que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Si realmente queremos fortalecer un Estado democrático, un estado de derecho, nadie debe actuar por encima de la Constitución. Ninguna institución, mucho menos el Ejército Mexicano, debe actuar fuera del marco constitucional. Lo dije en otro momento: si es tanta la fuerza y credibilidad social del Ejército Mexicano, si el Poder Ejecutivo ya no cuenta con otra instancia que asegure enfrentar al crimen organizado, inseguridad social, por decir un ejemplo, entonces, insisto, lo más pertinente es reformar el artículo 129 constitucional.

Una propuesta de reforma de dicho artículo sería, para iniciar la discusión, la siguiente: “La misión de las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de tierra, la Armada y el Ejército del aire, es garantizar la independencia y soberanía de México, así como defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Mediante una reforma así, las Fuerzas Armadas, además de cumplir sus objetivos, fortalecen su credibilidad ganada a pulso durante décadas. Ello es así, entre otras cosas, porque se le da una función constitucional a las Fuerzas Armadas mexicanas y, con ello, se les incorpora en forma abierta al proceso de democratización del país. Función constitucional de la cual carecen actualmente, en virtud de que sus objetivos y misiones, pues están en una ley secundaria.

El momento histórico ha cambiado radicalmente. Si en su momento era necesario que en tiempo de paz los militares estuviesen en cuarteles, ahora la necesidad y reclamo social es precisamente que sus operativos se lleven a cabo en la sociedad, pero dentro de la legalidad.

Sin embargo, además de lo anterior, otros temas de capital importancia se anunciarían de llevarse a cabo la reforma constitucional del las Fuerzas Armadas mexicanas; uno de ellos es la reforma del comportamiento institucional del Ejército. México en estos momentos cuenta con unas Fuerzas Armadas de gobierno más que de Estado. La decisión es capital: seguir como Ejército de gobierno, lo cual implica un Ejército leal a las instituciones y que él mismo es una institución, o además de lo anterior ser también leal a la sociedad en general de la cual emana.

La decisión no es nada sencilla; el análisis del problema, menos. Más todavía si tenemos en cuenta que el concepto de seguridad nacional ya no está al arbitrio de cada sexenio. Ahora hay una ley que lo conceptualiza y dimensiona dentro de un comportamiento social en lo interno y externo del país. Cuestión que en otro momento retomaremos.

Por lo pronto, el punto central es lo indispensable de proporcionar un marco de actuar constitucional a las Fuerzas Armadas mexicanas y, al mismo tiempo, reorientar su comportamiento institucional, lo cual se traduce en contar no solamente con un Ejército de gobierno sino también con un Ejército de Estado. Contar con un Ejército leal tanto a las instituciones como al poder civil al cual se deben; ambas cuestiones, naturalmente, dentro de un comportamiento ajustado a derecho.

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Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación