La negatividad de la información económica tiene consecuencias sociopolíticas para los mexicanos en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con reportes económicos oficiales y privados, la economía estadounidense enfrenta un desempleo creciente, estancamiento de salarios y en la venta de casas, un descenso en la compra de bienes de consumo y una seria posibilidad de inflación.

Una propuesta del gobierno estadounidense para un “rescate” financiero por 700 mil millones de dólares seguía en discusión en el Congreso de ese país, sin acuerdos definitivos, la tarde del jueves.

De acuerdo con el secretario de Hacienda de México, Agustín Carstens, la crisis actual puede ser peor que la de 1929. Y eso, sin duda, tiene repercusiones en México, en especial en la industria maquiladora y la orientada a la exportación.

El presidente Felipe Calderón reconoció en Nueva York que “vamos a reducir las capacidades de crecimiento y tenemos que cambiar nuestras estimaciones”, aunque hizo hincapié de cualquier manera en que “vamos a crecer todavía”.

El mandatario añadió que “Estados Unidos es un motor muy importante para el desarrollo de México”, pero aseguró que para enfrentar la crisis “vamos a desarrollar rápidamente nuestros modelos propios con programas como infraestructura y reformas, vamos a tener reformas sensatas en el país”.

Pero a pesar de todos los pesares las economías de Estados Unidos y México se han entrelazado de tal forma que la actual situación estadounidense tiene una repercusión más allá de lo oficial y alcanza tanto a los mexicanos documentados o indocumentados que residen en Estados Unidos como a sus familias aquí.

A aquellos, porque pueden convertirse con facilidad en el chivo expiatorio de las iras de los estadounidenses. A sus familias, porque la mayor inestabilidad laboral de los migrantes se traducirá en menores envíos de remesas.

De hecho, a lo largo de la historia estadounidense los migrantes han sido los acusados habituales de responsabilidad en las crisis. Así ha sido con alemanes, con irlandeses, con italianos, con chinos y con mexicanos.

La crisis actual ocurre además en la cauda de los ataques terroristas de septiembre de 2001, que azuzó temores chovinistas y xenófobos explotados además por demagogos como el ya casi ex diputado republicano Tom Tancredo y oportunistas como el locutor Lou Dobbs, en la cadena CNN.

Si en los últimos años la xenofobia estadounidense se disfrazó en el manto del temor por la seguridad —que algunos desean adornar con lenguaje de la guerra fría—, ahora será abiertamente en términos de conveniencia económica.

Cierto que no serán todos los estadounidenses quienes participen en ese tipo de ejercicios, pero no sería extraño que grupos afines a republicanos y demócratas participen de campañas antimigrantes, especialmente contra los indocumentados, bajo enfoques distintos en la forma pero con fondos similares.

Para unos será seguridad, sea por sus temores de que son el símbolo de “fronteras abiertas” y la ignorancia de quien está en el país; para otros será por lo que consideran como la “competencia desleal” y el impacto negativo de los indocumentados sobre los salarios, especialmente los de actividades básicas.

Los argumentos pueden ser distintos; sin embargo, el resultado el mismo. Es posible esperar que haya nuevas voces para la expulsión de indocumentados, que en el peor de los casos se traducirán en presión política sobre el Congreso estadounidense, y por tanto una mayor vigilancia policial en las fronteras y los sitios de trabajo y un mayor número de repatriaciones forzadas o voluntarias hacia México.

Al margen de que se concreten o no esos temores, México y su gobierno deben prepararse para enfrentar esos problemas aun en medio de una situación tan delicada como la actual circunstancia del país.

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