La tarea de la PGR, investigar y perseguir los delitos del orden federal, ha sido incumplida en la medida en que los crímenes de la delincuencia organizada siguen sin esclarecerse. Sobre los 24 ejecutados en el estado de México y las granadas en Morelia aún puede otorgarse el beneficio de la duda por el escaso tiempo transcurrido. Sin embargo, por como se han dado las detenciones de sospechosos en el segundo caso, el gobierno federal muestra depender más de la coincidencia que de la investigación a cargo de Eduardo Medina Mora.

Lo mismo queda en evidencia ante la pasividad mostrada por las ejecuciones de agentes federales victimados en su mayoría hace varios meses. Salvo casos de amplia difusión mediática pocos terminan en la detención de los responsables.

Respecto de la SSP, con Genaro García Luna a la cabeza, se presentan omisiones en la prevención del delito empezando por el control de personal dentro de la corporación. Difícilmente pueden explicarse los asesinatos de altos mandos federales sin la complicidad de elementos internos. Si Lorena Hernandez resulta una de las secuestradoras de Fernando Martí el argumento sería respaldado.

La recuperación de plazas dominadas por el narco ha obedecido sólo a criterios policiacos. La SSP, encargada de definir la política nacional en seguridad, desestima la necesidad de acompañar a soldados y policías con trabajo social que prevenga las adicciones y el narcomenudeo.

Sobre la secretaría de Gobernación, a cargo de Juan Camilo Mouriño, pesa la responsabilidad de carecer de un aparato de inteligencia suficiente para anticiparse a los movimientos del crimen organizado y responder más con eficacia que con fuerza. Desde los atentados en Pemex hasta los cometidos en Morelia el papel del Cisen brilla por su ausencia.

Hay buenas señales. Los golpes al narcotráfico en este sexenio son, por mucho, superiores al de los años anteriores. Como nunca antes ha sido decomisado dinero, drogas y se han arrestado a miles de narcotraficantes. Por primera vez, además, se consiguió que Estados Unidos aceptara su responsabilidad y brindara ayuda a México más allá del respaldo discursivo y de inteligencia.

Todo eso debe reconocerse, pero no basta para la percepción de la ciudadanía que, según encuestas, ve una guerra en vías de perderse. Y es que a las miles de muertes sin esclarecer se suman ahora víctimas civiles —casuales y por el crimen común al cual se mudan los cárteles— para las que el gobierno federal no ha tenido respuesta.

Lo que el presidente Felipe Calderón no puede decir de forma directa es que el problema rebasa sus posibilidades. Por eso, luego de los reproches, los legisladores tendrían que reconocer las limitaciones de la Federación en materia de seguridad —95% de los policías de este país son municipales y estatales— para así comprometerse con una agenda propia que dote cohesión y eficacia al Estado mexicano.

En manos del Legislativo, más que del Ejecutivo, se encuentra una solución profunda, estructural. Sólo ese poder puede homologar los distintos códigos penales entre los estados; sólo los legisladores pueden dotar de criterios de cooperación a las miles de policías distintas del país; sólo los diputados y senadores pueden cerrar las puertas del dinero sucio hacia Ministerios Públicos y jueces.

En tiempos de crisis se amplían los márgenes de renovación institucional. El Congreso es responsable.

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