El atentado narcoterrorista en Morelia ha tenido un efecto doble. Por un lado, ha provocado un comunicado conjunto de PAN, PRD y PRI, lo cual sorprende gratamente, dada la polarización en que hemos vivido durante los últimos años. Por otro lado, este ataque le ha dado baterías a los críticos de la política de seguridad del gobierno federal.Los argumentos esgrimidos insisten en señalar que la estrategia es un fracaso, que no se ha reducido el narcotráfico, que ha aumentado la violencia y que, por si eso no fuera suficiente, también ha aumentado el consumo de drogas ilícitas en México. Todo ello es, desde luego, cierto. Sin embargo, los críticos del gobierno no parecen ofrecer alternativas. Hay quienes sugieren veladamente regresar a la política de tolerancia de las épocas del PRI, cuando había ciertos entendimientos con los narcos, por no hablar de pactos. El problema es que esa tampoco es la solución. De hecho, esa tolerancia ha sido la causa del crecimiento del poder de las bandas del narco. En este contexto la pregunta obligada es: ¿qué hacer? El origen de las opciones fallidas para lidiar con el narco está en que el combate al fenómeno se basa en leyes que el Estado mexicano no tiene la capacidad de aplicar. Frente a esta realidad, hay dos opciones inmediatas: combatirlo o no combatirlo. Si no se le combate, la corrupción crece al grado de atrofiar al Estado y afectar la capacidad estatal para dar seguridad a sus ciudadanos. Si se le combate, como lo ha hecho el gobierno de Calderón, la violencia crece de una manera brutal, lo cual también afecta la capacidad protectora del Estado. En otras palabras, estamos frente a dos opciones muy, pero muy malas. No parece quedar claro cuál es la menos mala. La tercera opción sería cambiar las leyes que no se pueden aplicar, lo cual implicaría básicamente acabar con la prohibición de las drogas. Esta opción es, a todas luces, la menos mala, aunque tampoco es la ideal pues si bien acabaría con la violencia y la corrupción, tendría un efecto negativo en el consumo, al menos en el corto plazo. Sin embargo, el fin de la prohibición no es políticamente viable por ahora, dada la oposición del gobierno de Estados Unidos a discutir el tema. En otras palabras, todo parece indicar que no hay salida frente al problema del narco: si se le combate, malo; si no, también. Desde esta perspectiva el gobierno de Calderón y cualquiera que llegue después se debatirán entre las dos opciones viables, combatir al narco o simular que lo hace. Es probable que si el gobierno actual mantiene la política de combate frontal, se dé eventualmente un nuevo equilibrio entre los cárteles de la droga que reduzca la violencia. Claro, también es probable que la presión de la opinión pública haga que se regrese a la política de tolerancia, sólo para que tiempo después la sociedad demande otra vez un combate frontal al narco y empezará así de nuevo el círculo. A ver si el país aguanta. jorge.chabat@cide.edu Analista político e investigador del CIDE |