Tiene razón Manuel Bartlett cuando califica de “vergonzosa” la actitud asumida por su compañero de partido, Manlio Fabio Beltrones, en relación con el acuerdo que la SCT publicó la semana pasada para asignar nuevas concesiones de FM a los radiodifusores de AM. Porque en lugar de cumplir con la Constitución y los criterios que la SCJN dictó sobre el otorgamiento de nuevas concesiones y la manera de refrendarlas, “se enfrascó en un pugna con Felipe Calderón para ver quién de los dos sirve mejor a los intereses de los dueños de las grandes cadenas de tv y radio”.Es que cuando el senador Beltrones conoció la decisión del Ejecutivo de entrarle a la guerra del oportunismo político-electoral con los concesionarios de AM, acusó al Presidente de la República de “una mala copia, un burdo plagio de la iniciativa que el PRI presentó para lograr democratizar a la radio a través de complementar a las difusoras AM con las de FM”. Y dicho así, uno no puede más que pensar en el nivel de cinismo en el que se ha colocado la política electoral; sin rubor por el lenguaje, sin comedimiento alguno por la palabra “democratizar”, se alza una disputa por ver quién se congracia de mejor manera con los dueños de los medios, no importa que para ello se disponga indebidamente de bienes del dominio de la nación. Si el acuerdo de la SCT sobre los llamados combos de FM es un instrumento cuestionable en varias de sus reglas, hay que decir con claridad que la iniciativa de Beltrones está mucho peor, y que de aprobarse el esquema que plantea, estaríamos frente a un asalto en despoblado de un segmento importante del espectro radioeléctrico como el que pretendieron llevar acabo con la aprobación de la ley Televisa en la Legislatura anterior, derribada en sus principales objetivos por la SCJN. Al igual que la del Ejecutivo, la de Beltrones desdeña la obligación de licitar, pero además plantea una asignación gratuita, en poblaciones con poca disponibilidad de frecuencias tendrían derecho preferente los medios comerciales sobre los públicos, y propone una entrega indiscriminada —no establece ningún límite—, lo que reproduce, en mayor medida que la del Ejecutivo, la concentración de frecuencias en pocas manos. En efecto, es una vergüenza que quien se ostenta como representante popular, y preside la Junta de Coordinación Política del Senado, milite descaradamente a favor de los intereses de unos cuantos y oponga su influencia política a todo proyecto que busque promover el interés público en la radio y la tv. Lo más grave —y ahí también pone la mira Bartlett— es que “en medio de la disolución de un Estado, que va perdiendo capacidad para defender a la nación mexicana, los que deberían ser representantes de los intereses populares defiendan los privilegios de aquellos poderes fácticos que se sienten los dueños del país”. Un auténtico acto de provocación. Profesor de la FCPyS de la UNAM |
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