El detonante del último capítulo de esta lucha intestina fue la renuncia de Alberto Begné a la dirigencia, anunciada hace diez días, y que ayer se concretó con la elección del diputado local Jorge Díaz Cuervo como su sucesor. Begné buscará una diputación en julio del 2009.

El PSD recibe este año 132 millones de pesos de financiamiento público, además de las aportaciones privadas que pueden ser hasta de 66 millones. Pertenece al grupo de los cinco partidos chicos, pero en el discurso quiso distinguirse de los partidos tradicionales viciados por intereses particulares.

Cuando recibió su registro, el partido se llamó Alternativa Socialdemócrata y Campesina, pero se despojó del último adjetivo cuando los integrantes del sector rural pretendieron dar la candidatura presidencial a Víctor González Torres, el Dr. Simi.

En el actual trance, la fundadora Patricia Mercado afirmó que “Alternativa es un partido sin rumbo, de caníbales, que se están peleando por el presupuesto”. La frase en realidad podría ajustarse a varios partidos, organizaciones sin clara definición ideológica cuyas pugnas internas buscan la apropiación de los millones de pesos del erario.

Las revueltas internas protagonizadas en su momento por PRI, PAN y PRD, la accidentada trayectoria del Partido Socialdemócrata y vergonzosos casos de negocios familiares como el extinto Partido Sociedad Nacionalista, propiedad del prófugo Gustavo Riojas Santana, evidencian un sistema de partidos vulnerable a la rapiña del dinero público y el reparto discrecional de cuotas de poder.

El círculo que permite tal situación se cierra cuando un Congreso, dominado por esos partidos, somete a las autoridades electorales. Sólo con instituciones verdaderamente autónomas y leyes menos laxas se puede transitar hacia un sistema político que sí represente al pueblo mexicano.

Compadrazgos con cargo al erario

Para hacer progresar a este país se requiere de una burocracia profesionalizada que elabore políticas públicas con base en criterios de eficiencia. Cuando se eligen funcionarios a contentillo de los políticos las acciones de gobierno quedan a merced de los cambios de administración y los compadrazgos.

Hoy EL UNIVERSAL publica que hay varios directivos del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) que fueron colaboradores de la presidenta del PAN en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón. Esto no es ilegal, pero sin duda genera incertidumbre sobre el mérito que se supone deben tener esos servidores públicos para ocupar sus cargos.

¿Dónde quedó el Servicio Profesional de Carrera establecido en 2004? Al parecer sólo se aplica a algunos puestos de unas cuantas dependencias del gobierno federal. La Auditoría Superior de la Federación detectó que de un total de 2 millones de plazas de la administración pública federal sólo 42 mil 944 plazas se concursan en el programa.

Como en casi todos los ámbitos de la transparencia y la equidad, las entidades están a la zaga de la Federación en la profesionalización de la burocracia. De eso hay que culpar al Congreso y a los gobiernos locales. Al gobierno federal le toca profundizar en una reforma hasta hoy incompleta para poner el ejemplo y erradicar sospechas como las que genera el cuerpo directivo del IMJ.

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, son los principios que rigen la editorial que día a día publica EL UNIVERSAL en torno a los acontecimientos principales en México y el resto del mundo.