En casi todas las latitudes se observan grandes grupos de población que no encuentran cobijo, que se han de empobrecer, emigrar o sufrir el desamparo de carecer de derechos. Toma cuerpo una sensación de inseguridad, especialmente intensa en las zonas más ricas expuestas al terrorismo o la inmigración ilegal, y también en naciones en desarrollo cuando la descomposición social se traduce en crimen y tráfico de drogas amparados en la impunidad, esto es, en la negación del estado de derecho.

Con todos sus beneficios, la libertad de comercio, provoca disparidades enormes en y entre los países que crean descontento ciudadano. La retirada del Estado de la producción y de los servicios públicos ha transformado a los gobiernos de productores en simples multiplicadores de los negocios privados; a la par reducen las garantías colectivas frente a los riesgos sociales de la población (enfermedad, desempleo, vejez, pobreza).

También tiene lugar una reconfiguración radical de la producción de bienes que emigra hacia el sureste asiático. El outsourcing de trabajadores, producciones e inversión favorece a los países con abundancia de mano de obra barata, dejando a muchas otras naciones atadas a malos servicios, desempleo o marginación. La inmisericorde concurrencia global desgrana a las organizaciones obreras. La membresía sindical y la negociación colectiva se abaten, ceden el paso a la desregulación laboral. Como resultado, mengua la influencia política de los trabajadores, se angostan los pactos sociales y se erosiona la democracia.

En suma, tiene lugar un reacomodo universal del empleo y del ingreso. La eficiencia productiva sale favorecida, pero sus efectos en el bienestar social resultan dispares.

No se salvan siquiera los países avanzados. En la OCDE, el desempleo se ha convertido en problema crónico. Entre 1996 y 2006, promedió casi 7% de la población activa, con tasas mayores en Alemania (8.5%), Francia (9.4%), España (12.2%). Además, la desocupación de larga duración en esos países ha dejado de ser friccional: ya ascienden en promedio a casi un tercio del desempleo total.

En América Latina, el cambio desplaza en nombre de la competitividad a buena parte de las industrias medianas y pequeñas, incluidas las explotaciones campesinas, al forzarlas a concurrir frente a los mejores productores universales. Se ha liberado mano de obra en escala nunca vista que emigra, engrosa la informalidad o cae en la pobreza. La situación de México es precaria. La población trabajadora en el campo ha decrecido en 3 millones de personas entre 1993 y 2007, el empleo industrial cae desde 2001 y las ocupaciones que van creándose son, por lo general, de mala calidad. La informalidad absorbe entre 30% y 40% de la fuerza de trabajo, sin contar unos 400 mil emigrantes anuales. La pobreza aqueja a más de un tercio de las familias; el 10% de la población de más bajo ingreso apenas tiene el 1.6% del producto, mientras el 10% más rico dispone del 40%.

En México no se han entendido esas cuestiones ni la demolición consecuente del pacto social. Se destruyó el presidencialismo autoritario. Pero no se ha logrado dar voz al grueso de la población. No se buscan avenidas de proteger economía y ciudadanos de los riesgos del mundo globalizado, en la confianza ingenua que los mercados corregirán cualquier fractura social.

En el informe presidencial se privilegia el combate a la inseguridad —cuestión necesarísima—, pero sin atacar el caldo de cultivo del resquebrajamiento social que la alimenta. El proyecto de presupuesto incorpora un incremento de casi 50% a la SSP y de 29% a la PGR; en cambio, hay decrementos a Sagarpa, Reforma Agraria, SCT, Turismo y Semarnat. Se acrecienta el gasto de Sedesol (25%), acaso no tanto por razones sustantivas, sino porque se acerca un año electoral. Sin duda, el gasto corriente se llevará la tajada del león con un incremento sustancial, pero la inversión pública real decrece o se estanca.

Las políticas públicas no clarifican siquiera si el país debiera especializarse en elaborar bienes o prestar servicios. Hasta ahora, la participación de los primeros en el producto ha caído de 34% a 30% entre 1991 y 2007. En cambio, los segundos ya representan 70%. Pero lejos de ser logro desarrollista, la informalidad infla el tamaño del sector terciario de la economía.

En los hechos, la estrategia socioeconómica del país desplazó primero al empleo y al crecimiento para hacer de la estabilidad de precios el objetivo primario; luego abraza el combate a la inseguridad como meta fundamental a la que todo debe subordinarse. La maniobra política es clara. Como el crecimiento va a la baja y la inflación al alza por una combinación de factores externos e improvisaciones de las políticas públicas, sólo queda apaciguar el clamor popular contra la criminalidad reinante. No se percibe que los tres propósitos (crecimiento, estabilidad, seguridad) están relacionados íntimamente al punto de que no puede alcanzarse uno sin los otros. Perseguir sólo una meta ha impedido atacar, en su verdadera complejidad, la interdependencia de los distintos problemas que tienen postrada a la sociedad.

Por eso México ocupa la cola del crecimiento latinoamericano. Es casi el único país con déficit comercial y dependencia alimentaria ascendente pese al petróleo, las remesas, las maquiladoras y los tratados de libre comercio. Por eso, la banca comercial gana mucho, pero no financia a la producción y esquilma al consumidor. Por eso, la banca de desarrollo, lejos de promover proyectos de transformación productiva, hace factoraje o sólo atiende a un puñado de privilegiados. Por eso, el Banco de México daña a los productores mexicanos al subir tasas de interés y revaluar el tipo de cambio. Por eso, la capacidad productiva de Pemex está en crisis, mientras las importaciones de gas, petrolíferos y petroquímicos ascienden sin freno. Por eso, las instituciones educativas desempeñan funciones electorales, mientras ponen a la población joven a la zaga de la del grueso de los países. Por eso, la impunidad está al servicio de la inseguridad personal o social.

Las reformas en que se gastan las energías y el capital político del gobierno no parecen referirse al meollo de los dilemas fundamentales de la sociedad mexicana. Sin embargo, ante el imperativo de ofrecer una visión a futuro, el informe presidencial subraya la intención casi única de abolir la criminalidad. Santo y bueno, sobre todo si acometiendo otros frentes se impide el retorno del autoritarismo represivo por la puerta de atrás.

Analista político