La reacción del gobierno federal frente al cobarde atentado de Morelia pone de manifiesto una vez más que no existe un entramado institucional capaz de prevenir delitos ni mucho menos de perseguirlos. Las tareas de inteligencia son de bajo nivel y la capacidad de respuesta frente al crimen deja mucho que desear.

Hemos visto imágenes evocadoras de la incapacidad del Estado frente a quienes cometen delitos. Un policía manoseó el detonador de la granada que estalló en la plaza Melchor Ocampo, borrando cualquier posible registro de huellas dactilares que pudieran ser ofrecidas como prueba. La escena del crimen fue inutilizada por el paso de los servicios médicos y de los desorientados policías que iban sin saber qué hacer. La confusión se adueñó del lugar.

No se hicieron esperar los llamados a la unidad y las frases retóricas según las cuales se emplearía “toda la fuerza del Estado” contra los responsables. Pero uno se pregunta de qué fuerza hablan los políticos y cómo creerles cuando han demostrado no tener idea de cómo enfrentar los problemas. Para el gobierno federal “emplear toda la fuerza” significa enviar al Ejército, táctica que comienza a desgastarse y que no ha dado los prometedores resultados que algunos esperaban. Mientras, los diputados se debaten entre propuestas regresivas como reimplantar la pena de muerte y otras propagandísticas como el incremento presupuestal para seguridad.

La sociedad parece moverse entre el temor y la duda. El temor de saber que los cárteles han decidido ampliar sus objetivos a la población inocente, lo que significa que ahora sí ya nadie está a salvo, y la duda de quién podrá proteger a los ciudadanos, en vista del fracaso del Estado mexicano.

La propuesta de aumento presupuestal merece debatirse a fondo. Se trata de un aspecto esencial en el combate al delito: sin dinero no habrá posibilidad de éxito; pero hay que reconocer que ya antes se han destinado miles de millones de pesos al tema y los resultados han sido decepcionantes. Hay algo que estamos haciendo mal. No parece haber un diagnóstico claro de nuestras debilidades ni de la ruta que deberíamos seguir para superarlas.

Parece que estamos dando bandazos sin seguir ningún plan estratégico. en junio fue publicada una reforma constitucional de justicia penal y seguridad pública, y a poco menos de 90 días de su promulgación nadie parece acordarse de ella. Ha quedado huérfana. Casi ningún observador la ha identificado como un elemento que podría arrojar luz. La reforma plantea cuestiones tan importantes como la certificación de los policías y la necesidad de crear instancias de coordinación en todos los niveles de gobierno a partir de una ordenación de tareas que corresponde en primera instancia al Congreso. Pero esa instancia ni siquiera ha sido creada. Sus integrantes no han sido nombrados (más que el del Ejecutivo federal) ni ha sesionado una sola vez, incumpliendo los plazos señalados por la propia Constitución.

Entonces, ¿qué grado de compromiso real tienen los poderes públicos con el combate a la inseguridad? Ahora bien, su irresponsabilidad no puede suponer que la sociedad civil haga lo mismo. Todo lo contrario. Los ciudadanos debemos estar unidos frente a los criminales y exigir cuentas a funcionarios públicos. La fuerza del Estado puede suponer entonces, en la mejor de sus versiones, la fuerza de la sociedad exigiéndole al gobierno que trabaje para protegernos y para asegurarnos el fundamental derecho a la seguridad pública.

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Investigador en el IIJ-UNAM