Pareciera que la reforma del Estado se encuentra en el canasto de ropa sucia del Congreso. Los grupos parlamentarios han publicado en internet sus agendas legislativas para el periodo ordinario recién iniciado. Es visible que las prioridades legislativas han cambiado vertiginosamente en sólo unos meses. Ahora son tres, y en este orden: reforma energética, Presupuesto de Egresos 2009 y segunda generación de reformas en materia de seguridad pública y justicia penal.

¿Dónde quedó la reforma del Estado que con tanto alarde prometió el Congreso a inicios de la Legislatura? La respuesta es que para los partidos sigue siendo importante, pero ha dejado de ser urgente. El tema se encuentra eventualmente empantanado ya que para los legisladores ahora no es muy rentable; en este momento ya no genera noticia de primera plana, fotografía triunfalista ni espectáculo mediático.

En este sexenio el show de la reforma del Estado empezó cuando Manlio Fabio Beltrones olfateó el momento idóneo para erigirse como factor de reconciliación nacional y aprovechar la oportunidad para proponer restarle facultades al Ejecutivo. También leyó la oportunidad de retomar la infructuosa tarea de Porfirio Muñoz Ledo en el mandato de Fox, y con ello arrebatar el balón de la reforma del Estado de la cancha del Ejecutivo y llevarlo al Legislativo.

Bajo ese escenario, en marzo de 2007 se aprobó la Ley para la Reforma del Estado, llamada “Ley Beltrones”. Mediante ella se creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), como órgano ex profeso para la elaboración de la reforma del Estado.

La actual Legislatura está en su último año de ejercicio y hasta el momento ha fracasado en su intento por reformar el andamiaje jurídico-político. Pocos y de dudosa calidad fueron los logros tangibles de la CENCA. Entre las escasas propuestas que materializaró en leyes aprobadas, se encuentran: algunas ideas para la reforma electoral, propuestas sobre el formato del informe presidencial recién estrenado, y planteamientos para la aún inacabada reforma de seguridad pública y justicia penal. Además, la mayoría de las pocas reformas aprobadas para reformar al Estado se cocinaron al margen de la CENCA; los legisladores prefirieron negociar en corto en las comisiones ordinarias del Congreso, en vez de atender todos los planteamientos técnicos de los especialistas de la comisión alterna.

La CENCA se hizo famosa más por sus desplantes que por sus resultados. Fue de dominio público la disputa por el protagonismo y el control de su burocracia, así como el manejo discrecional de 79 millones de pesos de presupuesto para el año que estuvo en funciones. En su momento EL UNIVERSAL indagó que los encargados de reformar al Estado vía la CENCA comprobaban gastos por cacahuates, pasteles, cargadores de batería para teléfono celular y hamburguesas. Por ley, el 13 abril de 2008 la CENCA llegó a su fin y sólo entregó al Congreso un paquete de menos de 20 propuestas legislativas, de las cuales la mayoría sigue pendiente en los escritorios de los legisladores.

Sucesos como los ocurridos en Michoacán el 15 de septiembre, o problemas como el estancamiento económico o la creciente inseguridad, merecen toda la atención y prioridad de las instituciones. La insistencia sobre la reforma del Estado hoy que el país enfrenta diversas crisis pareciera necia, ociosa e inoportuna, pero no necesariamente lo es, ya que la reforma del Estado bien podría darle rumbo a esta nación que aparenta estar en virtual naufragio.

Para los legisladores de visión cortoplacista, la reforma del Estado ya no es urgente como lo era al inicio del sexenio y ahora se escudan en que existen otras necesidades. El problema es que una vez repartido el Presupuesto de Egresos para 2009, el Legislativo podría mantener en el canasto de ropa sucia varios temas importantes. ¿Cuál será la prioridad una vez aprobado el Presupuesto para 2009? Acaso serán las elecciones intermedias de 2009; es pregunta.

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Politólogo