Comúnmente se considera que el terremoto de 1985 catalizó la historia reciente de México, en tanto que dañó la imagen del gobierno federal como garante de la seguridad nacional debido a la mala coordinación de la atención a la emergencia (Monsiváis, 1987) y a la corrupción evidenciada en las construcciones aprobadas por la autoridad a pesar de no cumplir con los códigos requeridos para estas zonas.

A partir de esta tragedia, la corrupción comenzó a ser percibida como un fenómeno de alcances más allá de la carga económica y moral que implica, además de como un factor de riesgo para la vida de los ciudadanos.

La insuficiente preparación y respuesta del gobierno ante esta emergencia llevó a la sociedad civil a emprender por sí misma las labores de rescate, limpieza y ayuda. Esto generó no sólo la desmitificación popular del Estado mexicano posrevolucionario como ente omnipotente, sino que creó una sensación colectiva de Estado ausente que llevó a transformaciones políticas posteriores. El costo político se pagó en las elecciones de 1988. Estos cambios políticos probaron haber contribuido al rápido fortalecimiento de la oposición durante los años siguientes, como se puede observar en el tripartidismo del Congreso y los gobiernos estatales y municipales de seis años después, facilitando el actual proceso de transición a la democracia.

Si un terremoto como el de 1985 volviera a sacudir al DF, sus consecuencias podrían ser similares. Aunque deben reconocerse los avances en materia de protección civil en todo el país, todavía no existe un indicador confiable del cumplimiento de los códigos de construcción. En cambio, los indicadores de los niveles de corrupción general se han disparado desde entonces; ello nos da razón para no descartar que el incumplimiento de esos códigos persista y que, por ello, sea probable que parte de las construcciones —nuevas y sobrevivientes a 1985— colapsen en caso de un terremoto similar.

La falta de memoria colectiva nos está impidiendo aprender de nuestros errores. Si en el 85 quedó claro que la corrupción nos regresó el golpe, ¿por qué las mayorías insisten en seguir en ella? Estamos aquí ante la llamada tragedia de los comunes, trampa social en la que los individuos, demasiado preocupados por sus beneficios individuales, no valoran el costo que para su bienestar tiene la falta de cooperación para proteger los bienes comunes.

No hemos reducido el riesgo de terremotos y nos sentamos complacidos cada año a ver el mismo documental televisivo apologetizando la respuesta de la sociedad civil, esa figura que en realidad sólo aparece después de la tragedia.

Luego del 85 se sobrevaloró su papel; pero ella ya no siguió madurando. Si lo hubiera hecho, ahora cada uno de nosotros sabría de memoria el número único de emergencias, pues, primero, éste existiría, y lo usaríamos para denunciar abusos y para ayudar y ayudarnos en desastres o accidentes. También tendríamos una policía que, en lugar de lo actualmente intimidatoria que es, acudiría inequívocamente en nuestra ayuda. A pesar de que las anteriores parecieran las transformaciones lógicas luego de ese despertar ciudadano, la sociedad civil se detuvo —y en algunas áreas hasta ha retrocedido.

Independientemente de ello, debemos crear una red efectiva que recupere ese rol de cohesión cooperativa. En el plano individual, el inicio de ello es la cooperación vecinal y gremial, mecanismo condicionante para poner restricciones a males comunes. Por encima de las antipatías, existe una razón de conveniencia para aliarse con los vecinos y compañeros en temas irreductibles como la protección mutua (frente a desastres, delincuencia, insalubridad) y el apoyo organizado (para obtener bienes públicos o enfrentar abusos).

En el plano colectivo, es necesario renegociar acuerdos entre élites y entre clases, incorporando al contrato a aquellos actores cruciales hasta ahora marginados de la cooperación nacional.

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Economista e investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM